Adoptantis

Las deficiencias de un modelo de protección a la infancia que castiga al menor. Aumentan las denuncias parlamentarias, judiciales y civiles que reclaman una revisión del sistema que permite retirar la tutela de los niños de sus familias por decisión administrativa y por motivos que incluyen la precariedad económica.

Una noche cualquiera del año 2016 Mari Carmen recibió una paliza de su marido. Su hija, Maren (nombre ficticio), de 6 años de edad, estaba en la casa pero no se enteró de nada. Fue al hospital y lo denunció a los Mossos d’Esquadra. Una semana después, la Administración catalana, a través del Instituto Catalán de la Adopción y la Acogida (ICAA), le retira la tutela de su hija que estaba en régimen de preadopción después de dos años con Mari Carmen.

“Me dejaron entrever que me retirarían la custodia de la niña por la gravedad de los hechos, porque según las técnicas del ICAA no había tenido el valor de explicar lo que me había pasado con mi marido. Mi cobardía es para ellas la situación de riesgo por la niña”, relata Mari Carmen a Público después de un año sin ver a su hija y sin tener derecho a visitarla (ella asume que se encuentra en un centro de acogida). “A día de hoy todo me parece irreal. Miro las fotos de mi niña y creo que estoy en una pesadilla”, explica incrédula.

Mari Carmen es una de las centenares de familiares que, sólo en Catalunya, sufren los efectos de la decisión administrativa de la retirada de un menor de su núcleo familiar cuando la Administración detecta una situación de desprotección o maltrato. Es esta la que, a través de la Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y el ICAA, tiene la potestad de declarar una situación de desamparo y retirar la tutela a las familias sin que haya una intervención judicial.

Las familias disponen de dos meses para recurrir la decisión a través de la vía judicial, pero es un trámite que no todas se pueden permitir por el esfuerzo económico y que se alarga como mínimo un año. Se trata de un modelo de protección a la infancia y la adolescencia que es competencia cedida del Estado a la Generalitat de Catalunya desde hace cerca de 30 años y que, hasta ahora, no había encontrado la oportunidad de encadenar la denuncia colectiva de jueces, políticos, profesionales y familias para forzar una revisión que acabe con los errores del sistema y, sobre todo, el sufrimiento de los niños que son separados de sus familias.

En los últimos meses han aumentado los casos en que las familias ganan las sentencias judiciales contra la decisión de desamparo de la DGAIA y que, cómo ha podido comprobar Público al acceder a estos dictámenes, hablan de “fracaso del sistema” de protección del menor. El Parlamento de Catalunya, por su parte, ha aprobado esta legislatura dos resoluciones impulsadas por la CUP y CSQEP que proponen revisar este modelo y que reconocen, literalmente, que se tienen que “revisar el conjunto de prácticas para hacerlas verdaderamente respetuosas con los derechos de los niños y adolescentes”. Y, además, la Asociación por la Defensa del Menor (Aprodeme) a la que pertenecen unas 700 familias, la mayoría de Catalunya pero de ámbito estatal, para defender sus derechos ante la Administración responsable de los menores presentará una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado, el Parlamento europeo y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, defendida por el abogado Enrique Vila, quién ganó la denuncia por el caso de los bebés robados en 2011.

¿Por qué se denuncia a la Administración?

Francisco Cárdenas, presidente de Aprodeme y quien continúa luchando desde el año 2009 para devolverle el pasado a la hija que la Administración le retiró cuando tenía tres años, explica a Público que la Administración, en este caso la DGAIA, “actúa sin ningún tipo de control judicial” y que es especialmente grave al tratarse de decisiones que afectan a menores.

“Nos movemos en el ámbito administrativo y, por lo tanto, no hay derecho efectivo de defensa de las familias. El técnico de la Administración puede poner al informe de desamparo el que considera y nadie le puede rebatir”, continúa. Además, como explica desde su contacto con las familias que llegan a Aprodeme, “son los mismos técnicos los que investigan, hacen seguimiento y toman la decisión de retirada”. La DGAIA, por su lado, tiene la obligación de notificar el desamparo a la Fiscalía de Menores, pero Cárdenas lamenta que, si no son casos muy urgentes, “la Fiscalía ni interviene ni controla”.

El abogado Enrique Vila, quien está representando la denuncia colectiva, considera que se tendría que crear “un juzgado de protección del menor” que llevara estos casos, puesto que con este sistema “el control judicial llega muy tarde, hasta el punto que la situación ya no tiene remedio”. “El ejemplo tendrían que ser los juicios por violencia de género, que se celebran a los pocos días. ¿Por qué cuando se trata de menores tiene que pasar como mínimo un año por la intervención del juez?”, se pregunta.

“La denuncia colectiva irá orientada a hacer ver que este sistema empuja a la prevaricación, a ser intervencionista por el riesgo del niño con motivos que no justifican la retirada como el económico”, explica el abogado, y recomienda: “Hace falta que haya una administración preventiva, que no sea tan intervencionista”. Cárdenas, también a partir de las propuestas que Aprodeme ha hecho llegar a la DGAIA a lo largo de los años, coincide en que la Administración del menor “tendría que trabajar más en la prevención con las familias y ser menos intervencionista”. “Ante una situación de conflicto, real o no real, la Administración interviene con todos sus protocolos por el miedo de no actuar y que le pase algo en el niño”, argumenta.

Una Administración poco preventiva

El actual director de la DGAIA, Ricard Calvo, reconoce a Público que “a veces trabajan con la urgencia” y admite: “Tenemos que mejorar más la revisión de los casos que nos llegan de los entes locales o comarcales (los EAIA o servicios sociales)”. Calvo pone como ejemplo que ante casos de menores que no se pueden expresar se tienen que basar en los informes de centros escolares, hospitalarios, de los Mossos, entre otros, “valorando el equilibrio entre no ser demasiado protectores y actuar” y que, en casos de urgencia como de bebés en hospitales, “tenemos que actuar y después validar”. Aún así, considera: “Tenemos que esforzarnos en la prevención. Ahora estamos potenciando los servicios de intervención socioeducativos que son servicios de intervención en el entorno más cercanos”.

Marisol Ramoneda, psicóloga que ha llevado casos de muchas familias a las cuales retiran la tutela de sus hijos, razona: “Tendría que haber un trabajo de más apoyo preventivo. Tanto a nivel psicológico como económico sería más sensato dar ayuda desde el principio a las familias, antes de la retirada del menor”. Aún así, la facultativa considera que el problema de la Administración no es que actúe mal, sino que “dispone de pocos recursos para dedicar a las familias”. Por eso, considera que “se tendrían que realizar auditorías para controlar la calidad del seguimiento que hacen los técnicos” y, incluso, imponer sanciones “cuando una persona del sistema de protección hace algo mal”.

La precaridad económica, un motivo de retirada

Una de las denuncias de expertos y familiares es que la precariedad económica se está utilizando como un motivo para retirar la tutela de los menores de sus familias. La abogada Silvia Cuatrecasas, quien también da asesoramiento a las familias de Aprodeme, admite que “hay resoluciones de desamparo donde el motivo es la precariedad económica”.

Ante esto, los familiares lamentan que la Administración dedique entre 3.000 y 4.000 euros por cada niño que reside en los centros de acogida de menores, la mayoría gestionados de forma privada y concertada a través de fundaciones, en vez de dedicar recursos para las familias. Un comunicado difundido por trabajadores y trabajadoras sociales de la CGT lo corrobora: “La DGAIA paga a los centros como mínimo 3.000 euros sin que haya ninguna fiscalización ni auditoría interna”. El documento también denuncia el entramado de intereses entre la administración pública y los grupos privados que gestionan los centros poniendo como ejemplo el caso del mismo director de la DGAIA, Ricard Calvo, antes vinculado como gerente de las entidades Plataforma Educativa, Fundación Resilis y Fundación FASI, encargadas de la gestión de estos centros de menores.

El menor, el más damnificado

La Administración justifica sus actuaciones ante el principio de “el interés superior del menor”, recogido en la Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia aprobada en el Parlamento catalán, a pesar de que las familias denuncian que no se escucha lo que quiere el menor -un derecho recogido a la ley- y que “la prioridad tendría que ser el derecho al niño a ser educado en el seno de su familia”. Según los datos del informe estadístico de la DGAIA de marzo del 2017, de los casi 7.000 menores tutelados por la Administración, más de 3.000 se encuentran en un centro residencial, la mayoría en los CRAE (Centre Residencial de Acción Educativa), aunque la ley prevé la tutela administrativa en familia extensa o de acogida.

La diputada Gemma Lienas, impulsora de la resolución del Parlamento de febrero del 2017 que pide revisar el modelo, opina que “habría que dar más ayuda a las familias en vez de destinar los recursos a los centros de acogida”. “Tienen que haber análisis más objetivos para determinar cuando un menor tiene que salir de su núcleo familiar. Se parte de la base de que una situación de riesgo ya requiere un desamparo, pero no se puede partir de la idea del riesgo 0”, reflexiona.

“Para el niño no es lo mismo tener un vínculo familiar que un vínculo con un educador que, además, va cambiando a lo largo de su seguimiento”, se queja sobre los vínculos de los técnicos de los centros con los menores. Aún así, considera, que “los profesionales hacen bien su trabajo y que es el sistema el que tiene que cambiar”. El Colegio de educadores y educadoras sociales de Catalunya (CEESC) emitió hace tres meses un comunicado en el que pedían a la DGAIA una revisión del modelo “de forma clamorosa” por necesidad de los menores y los profesionales.

Beatriu, madre de un niño y una niña a quien la DGAIA retiró la tutela después de 7 años en situación de preadopción, denuncia a Público que la Administración niega la voluntad de su hijo menor de volver a casa y lo obligan a estar en un centro, cuando ante el juez declaró que “la quería mucho y quería volver a su casa, con su madre y con su hermana, donde estaba muy bien”. Pero la gravedad del caso, según Beatriu, es que ella cuenta con una sentencia judicial favorable que dicta “el regreso inmediato de los niños”, pero que continúa recorrida por la DGAIA. Beatriu, además, estuvo 14 meses sin derecho a visitar a sus hijos, puesto que no hay ninguna normativa que regule el régimen de visitas.

El caso de Sergio Haimovich, médico del Hospital del Mar a quien la DGAIA retiró la tutela de sus tres hijas tuteladas en un centro durante 6 meses, explica a Público que una de sus hijas, ahora mayor de edad, “se convertirá en la primera niña tutelada que denunciará a la DGAIA y al centro que la acogió”. “Por culpa de la Administración perdió un padre durante muchos años. Mi hija mayor entró en un centro queriendo a su padre y salió odiándolo”, explica sobre el efecto del centro en su hija. “Yo soy médico, soy un funcionario y responsable de mis acciones si me equivoco. En la Administración también hay un funcionario que si se equivoca repercute sobre la salud de los niños. Los desamparos tienen que existir, pero tendría que existir el desamparo cautelar para dar tiempo en la Administración a asumir sus responsabilidades. Si yo me equivoco como profesional de la salud me pueden poner una demanda, pero en el caso de la administración de los menores tendría que haber una responsabilidad penal”, argumenta.

Ricard Calvo, preguntado sobre estas sentencias judiciales que revocan decisiones de la DGAIA, considera que “son muy pocas y que no cuestionan el desamparo” y que, como los procesos judiciales son largos, “son casos de hace muchos años”. Sin embargo, cree que “siempre que haya una sentencia judicial en contra significa que tenemos que mejorar”. Y propone: “Tenemos que desplegar la ley 14/2010 para acercarnos al modelo que queremos llevar a cabo en Catalunya”.

Las familias, enfrentadas a los técnicos

“La mayoría de quejas de las familias llegan de la forma en la que los técnicos de la Administración las han tratado”, explica la psicóloga Marisol Ramoneda. “Uno de los problemas es que esta gente no conoce sus derechos y se da un abuso por parte de la Administración llegando incluso a amenazarlos, sobre todo en la manera de dirigirse a ellos y se aprovechan del desconocimiento que tienen de sus derechos”, continúa. Beatriu, cómo ha comprobado Público accediendo a los expedientes, pasó de ser una madre con un entorno adecuado en el informe del 2008 a tener un entorno muy desfavorable en 2015 firmados por la misma técnica, cuando se dictó el desamparo. Aquel año, una técnica de la DGAIA le dijo, según ella: ‘Usted a qué viene si ya ha perdido los niños y no los recuperará nunca más’.

Maren, por ejemplo, fue adoptada por Mari Carmen con un trastorno grave de conducta y, por eso, la Administración hacía seguimiento de la menor a través de la Fundación IRAS. “Cuando me reuní con los técnicos de la Fundación me dijeron que a la niña desaparecería de mi vida porque los había dejado mal ante el ICAA y que había sido una irresponsable para acudir a los Mossos antes de dirigirme a ellos”, continúa explicando. “Uno de los técnicos de la Fundación me hizo sentir culpable de lo que me había hecho mi pareja, de no haber sabido conducir mi relación”, recuerda. “Incluso me he puesto en manos de una psicóloga para demostrar que soy apta por mi hija”, añade con la esperanza de recuperar a su hija después de acreditar que todas las valoraciones de la Fundación habían sido positivas hasta el momento del desamparo.

Mari Carmen está pendiente de la fecha del juicio para recorrer la decisión de la Administración y asegura: “Es mi hija. Espero recuperarla ahora, o si no cuando tenga 18 años, cuando vea que su madre ha luchado por ella hasta dónde ha podido o hasta dónde le han dejado”. “Espero que por lo menos mi sufrimiento sirva para que cambien las leyes y la protección del menor”, acaba.

Las familias también denuncian que la DGAIA no les facilita el expediente de retirada de la tutela de los menores. Incluso, hay casos en los que han tenido que pedir una orden judicial para poder leerlos cuando la ley 14/2010 reconoce que “se tiene que dar audiencia y vista del expediente en un plazo de diez días a los progenitores, o a los titulares de la tutela o de la guarda”. Además, como lamentan las familias de Aprodeme, hay otras muchas que no asisten a las asambleas de la asociación “por miedo a represalias” o “porque la DGAIA les dice que tienen que colaborar si quieren recuperar a sus hijos”.

“Haría falta que los técnicos dejaran de verse como una amenaza para ser vistos como una ayuda”, opina Ramoneda. “Podría existir un defensor de las familias, como una figura entre las familias y la Administración que hiciera de mediador para explicar los planes de trabajo con el niño y ayudar a las familias”, propone.

A la espera del procurador del niño

La ley 14/2010, en el artículo 118, prevé la creación de la figura del procurador de los niños y adolescentes para atender a las necesidades de los menores tutelados por la Administración, pero después de siete años todavía no se ha desarrollado. El año pasado el Parlamento de Catalunya, a propuesta de CSQEP, volvió a insistir en su creación. “Es una figura muy importante porque el niño necesita tener una persona de referencia que sea en la cual pueden confiar para resolver sus problemas”, considera la diputada que la defendió, Gemma Lienas. El director de la DGAIA, preguntado por Público, se excusa en que “requería una modificación presupuestaria y no hemos tenido presupuesto hasta 2017”, pero defiende que “es un tema prioritario” y que tratarán de conseguirlo a finales de año.

El Parlamento de Catalunya también aprobó hace tres meses la creación de una Comisión mixta que tiene que repensar el modelo de protección de los menores tutelados entre la Administración, sindicatos, entidades sociales y expertos; pero que tampoco se ha puesto todavía en marcha. “Tenemos que hacer un primer encuentro con los parlamentarios que han impulsado la moción”, se justifica de nuevo Calvo ante el retraso en el trabajo de la Comisión. Aprodeme, y las familias que participan, ven esta oportunidad como un momento histórico para discutir con la DGAIA y otros agentes el modelo que necesitan para defender “el interés superior del menor” y evitar que se produzcan errores administrativos que, por mucho que no son generalizados, no se pueden producir tratándose de los derechos del menor.

Laura Safont
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