No quiero morirme sin decirle a mi hijo que no lo di en adopción, que me lo robaron

Los testimonios de padres, hermanos e hijos afectados por la trama de los «niños robados» en España se han unido hoy en una macrodenuncia colectiva.
La resolución a una vida de angustia y oscuridad la tiene ahora el fiscal general del Estado.

Han venido de todos los lugares de España, porque las 261 denuncias particulares que se han presentado ante la Fiscalía General del Estado para que investigue   la existencia de una «trama organizada de secuestro y compra-venta de bebés» robados a sus madres instantes después de que dieran a luz provienen de todas las Comunidades Autónomas, con la salvedad de Cantabria. Muchos de estos casos ya tienen sus respectivos procedimientos abiertos por parte de fiscales de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.

En un salón abarrotado del Centro Cívico de Getafe, se han sentado cientos de personas, entre afectados, sus familiares que les apoyan en este trance y decenas de periodistas. No faltan informadores de países europeos, venidos ex profeso para comprobar si es verdad que en España se han «robado» niños vivos y se ha mentido a sus progenitores comunicándoles su fallecimiento. Un periodista australiano matiza que en su país un caso similar «hizo tambalear al Gobierno de la nación que torpedeó la investigación».

El caso ha adquirido fuerza con la «unión» de todos estos casos de adopciones irregulares desde la década de los 40 a los 90, aunque  “aún se siguen produciendo” como prueban varios casos recientes,  insiste Antonio Barroso, presidente de Anadir. Esta asociación es la que, capitaneada por el abogado Enrique Vila ha recapitulado una amplia denuncia para solicitar la apertura de una investigación penal en todo el país. «Yo también soy un adoptado legal -confiesa Vila- y no me enteré hasta los 23 años, así que mucha gente hoy no sabe realmente que no es hija de sus padres. Me ha pasado con muchísimos de mis clientes. Llevo investigando estos casos quince años».

Buscan dos objetivos: castigar a los culpables y descubrir sus orígenes

«Queremos que la Fiscalía General derive el caso a todos los fiscales territoriales, con la obligación de indagar, investigar, castigar los delitos y a sus culpables, y proporcionarnos a todos nosotros la verdad», ha dicho Vila. «Se trata de secuestros que se mantienen a día de hoy», defiende el letrado encargado de este mastodóntico caso, aunque muchos de los responsables de esos delitos de sustracción de recién nacidos ya no viven.

Tráfico a gran escala

Ambos reiteran que estas mafias de tráfico de bebés a gran escala siguen existiendo, como lo prueba el hecho de que hace diez días fuesen detenidas seis personas en las Islas Canarias acusados de intentar comprar bebés a indigentes embarazadas por suculentos pagos.  «Estamos hablando de casos de 50.000 pesetas a otros que llegan hasta el millón de las pesetas de entonces», cifra Vila. Barroso pone oficio a esos participantes y cómplices de esta telaraña delictiva, que comienza en los centros sanitarios: «Médicos, comadronas, enfermeras, curas, religiosos, funcionarios del registro civil e incluso personal de los cementarios». Enterradores que han declarado bajo juramento haber rellenado ataúdes vacíos, otros funcionarios que han amañado el registro civil o la partida de nacimiento y defunción, e incluso, en la gigantesca denuncia que admitirá más adheridos (hay ya otros 600 casos en espera para incorporarse a la causa) también constan los testimonios de madres que admiten haber pagado «engañadas o a la desesperada por tener un bebé» un precio por el hijo que no salió de sus entrañas.

Enterradores testimonian que rellenaban ataúdes, otros amañaban documentos…

El abogado Vila ha explicado hoy a los presentes en esta rueda de prensa sin precedentes en España que «los hijos falsos también podrían accionar legalmente contra sus padres, que participaron en un delito si pagaron a sabiendas, pero hay mil circunstancias atenuantes porque en la mayor parte de los casos se les engañó y se les dijo que una parte del dinero iba a parar a manos de la madre biológica, que lo había dado en adopción voluntariamente».

Como en Erin Brokovich, ante las masas Vila ha ejercido del «Erin Brokovich» que explica a las decenas de demandantes cómo van a demandar, qué pueden conseguir y hasta dónde pueden llegar, con pruebas y sin ellas. Como en la película protagonizada por Julia Roberts, en aquella escena en la que los afectados por las aguas contaminadas se resignan a demorar el pleito judicial durante años y aceptan pedir indemnizaciones millonarias para cada uno, hoy los afectados por el escándalo de los «niños robados» se ponían de pie y gritaban su historia, mientras un rosario de cabezas asentía. Inés Martín quiere saber si podrían también alegar un delito de suplantación de la matrona por el médico como es su caso; otro señor venido de Cádiz apela que en su caso ya suma otro delito, el de la desaparición del registro de legajos de abortos donde constaba como muerto; y así, pasan uno tras otro.
Una frase no les ha dado consuelo: la obligación de los hospitales de mantener el archivo de los registros durante sólo cinco años, porque muchos querían bucear en ellos para comprobar que no están «locos», como muchas veces les han descalificado. Sin embargo, a través de la amplísima documentación recabada durante años por Anadir y los afectados, la mayoría viene pertrechada de sus documentos de nacimiento falsificados para ocultar el delito o libros de familia con distintos nombres y fechas, donde se incurre en mil incongruencias. «Entiendo que existía una red organizada que tenía gran capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de los padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de la misma ciudad donde se compraban», ha indicado el «Brokowich» de Anadir.

«Busco a mi hijo todavía en cada joven»

En el día de hoy, los testimonios bullen. Loli Díaz, de Sevilla, es una de esas mujeres que todavía anda mirando a los hombres de más o menos 37 años que encuentra a su paso. Parió una niña y un varón en el Virgen Rocío en el año 1973. La enfermera, aprovechando su estado adormilado, se llevó a uno de los bebés. «No, usted no ha tenido mellizos. Sólo una niña». Loli no se conformó, pero cuando llegó a su casa, le calmaron diciendo que se lo inventaba, porque ella también es melliza de su hermana, y los mellizos no pueden tener mellizas. «Era mentira. Volví años después al Virgen Rocío y me dieron este documento (nos lo enseña): consta el nacimiento de un “varón niño de 3500 gramos” y una niña». «He estado en todos los “Quién sabe dónde” y programas que puedo, porque no me quiero morir sin ver a mi hijo y decirle que no le di en adopción, que yo lo quería tener, que no lo perdí, me lo quitaron».

«Hay mucha gente hoy que todavía ignora que no es hija de sus padres realmente»

Estremecedor su caso con pruebas en la mano y una lucha de décadas. A Marisa (nombre ficticio que pide porque buena parte de su familia todavía no sabe que ya conoce la verdad) le han robado «58 años». Siempre supo que algo pasaba hasta que el hijo de su madrina, y una asistente del lugar donde nació, le confirmaron que sus padres pudientes habían pagado por ella. De eso hace sólo año y medio. «Es usted una de las niñas», le dijo la asistente al verla en Madrid, aunque Marisa se enteró de la verdad a 12.000 kilómetros, en Santiago de Chile, una vez muertos sus padres adoptivos. «”Sabía que vendría”, me dijo la asistente, y me contó toda la historia. Yo fui entregada a mis padres un año después de la otra niña, que murió, y entonces me dieron a mí», completa con la mirada y el rostro descarnados.

Amparo, otra afectada, ha promovido la recogida de las 500.000 firmas que reclama el Congreso para instigar la creación de un banco de ADN, con el que se crucen datos de testimonios y denunciantes y logren dar con el paradero de los padres, hermanos e hijos «extraños» para sus parientes. Desata una salva de aplausos. «Nuestras vidas llevan destrozadas mucho tiempo. Vamos a encontrarlas ahora todos juntos», dice Isabel Núñez, de Toledo,mientras su cuñada, que le acompaña, le sonríe con un guiño de complicidad. «A nosotras nos faltan muchas pruebas de que a mis padres no les dejaron ni ver a su hijo, mi hermano -añade-, y tampoco consta su enterramiento. No sabemos si está vivo ni muerto y seguramente nuestra causa no vaya a más, pero estamos aquí para apoyar al resto, aunque sea a uno solo, a recuperar a su familiar añorado».

Conservan intacta la solidaridad y la esperanza, ahora volcada únicamente en que esta macrocausa prospere.

Érika Montañés
ABC

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