Adoptantis

Daniel, de 32 años, es donante de semen. Hace 10 meses su pareja tuvo un hijo gracias a un óvulo cedido por otra mujer y él, «para devolver el favor», ha decidido donar sus gametos a una clínica y ayudar así a otras personas con problemas de fertilidad.

El anonimato de Daniel, así como el de la madre biológica de su hijo, está protegido por la ley española. Pero no sucede así en el resto de Europa. Francia ha sido el último país del continente en plantearse levantar la protección de la identidad de estas personas. Inglaterra, Suecia, Austria, Alemania o Noruega ya lo han hecho. También Finlandia, donde la ley permite conocer al otro progenitor a partir de los 18 años.

¿Podría suceder lo mismo en España, uno de los países líderes en reproducción asistida del continente? Hay quien, como Antonio Requena, director médico del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), sostiene que no es una cuestión que se esté planteando. «Por mi experiencia, ni donantes ni progenitores son partidarios de levantar el anonimato». El Ministerio de Sanidad no contempla cambios sobre la protección de la identidad. Pero el hecho de que no se hayan previsto cambios a corto plazo no implica que no vayan a producirse más adelante. Existe una marea creciente de reconocimiento de derechos individuales en Europa y, como apunta Fernando Abellán, asesor jurídico de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), «es probable que llegue a España y se acabe limitando el anonimato».

«Un cambio en la ley española para revocar el anonimato sería un paso atrás y dificultaría mucho las donaciones», comenta el secretario de la SEF, José Antonio Castilla, «sería el fin del modelo tal y como está planteado en España y sucedería lo que ha pasado en Reino Unido». «Todo ello, al margen de otros problemas jurídicos que pueden derivarse», abundan desde el Ministerio.
Reino Unido modificó su ley de reproducción asistida en 2005 y revocó el anonimato para los donantes a partir de esa fecha. El resultado fue una caída en picado de las donaciones y, en consecuencia, de los tratamientos y la calidad asistencial. Los datos de la Autoridad de Fertilidad Humana y Embriología británica reflejan que de 9.000 tratamientos con donaciones de semen en 1992 se pasó a 2.000 en 2007. «Hay tan poca oferta que de 100 libras han pasado a pagarse 1.200 (1.400 euros) para las donantes de ovocitos», relata Castilla.

En Suecia se ha detectado una emigración de pacientes a Dinamarca, donde se mantiene en secreto la identidad de los donantes. Uno de los grandes beneficiados de este turismo reproductivo ha sido España. No solo por mantener el anonimato. La legislación es una de las más progresistas de todo el continente frente a países extraordinariamente restrictivos como Italia, donde está prohibida la donación de gametos. «En España no se implantó el anonimato para favorecer la donación, sino porque el legislador entendía que este acto era una muestra de altruismo sin ninguna vinculación emocional», relata Federico Pérez Milán, presidente de la SEF. «La idea era que la persona no se comprometiera más allá de lo que supone la donación».

El anonimato, junto a la gratuidad, son los pilares sobre los que se ha levantado el exitoso programa de donación de órganos español. Y este sistema es el que inspiró las leyes de reproducción asistida de 1988 y 2006 y la normativa de donación de gametos (semen y óvulos) y embriones. El modelo de donación de órganos evita tanto el choque emocional de que se conozcan las familias del donante y el receptor, como la posibilidad de donación inter vivos, por el riesgo del comercio de órganos. Con estas premisas, se aplicó el mismo patrón a la donación de gametos, que también se consideró como un acto altruista. Existe una gratificación, pero se considera un pago por las molestias que supone el desplazamiento y, en el caso de las mujeres, el tratamiento de estimulación ovárica y la punción para extraer los ovocitos. La Comisión Nacional de Reproducción Asistida fija una cantidad de referencia (30 euros en la donación de semen y 800 de ovocitos) para evitar guerras de precios entre clínicas, así como la mercantilización de este acto.

El resultado de este modelo ha sido que España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea en actividad, con más de 55.000 ciclos de fecundación in vitro al año, de los que unos 10.000 corresponden a pacientes extranjeros, según estimaciones de la SEF. Además, las tasas de éxito de sus clínicas y hospitales son de las más altas en términos generales, entre el 30% y el 35% de embarazo por intento.

La Ley de Reproducción Asistida de 2006 solo contempla tres excepciones al secreto de la identidad. Un «peligro cierto» para la vida del hijo o «cuando proceda» en una investigación criminal. La tercera es más ambigua: que el peligro cierto sea para la salud del hijo. Fernando Abellán teme que esta cláusula se convierta en un resquicio que permita saltarse el anonimato. «Puede ser un coladero a medio plazo, como fue el supuesto de la salud psíquica de las embarazadas en el caso del aborto». Abellán teme que adolescentes con problemas familiares y «deseosos de encontrar un nuevo entorno afectivo», soliciten certificados psicológicos que avalen problemas de salud mental para localizar al padre biológico. «La salud psicológica puede convertirse en un cajón de sastre que permita a chavales de 16, 17 y 18 años conseguir localizar a sus padres», comenta.

Los partidarios de levantar el anonimato apelan a dos argumentos. Uno es de tipo legal. El otro, de naturaleza psicológica, enlaza con las reflexiones de Abellán. ¿Existe una necesidad emocional de conocer los orígenes personales? Para Jesús Palacios, catedrático de Psicología Clínica, esta circunstancia «es un derecho, pero no necesariamente una necesidad», según relata de su experiencia con personas adoptadas. «No todos los adoptados tienen las mismas necesidades de saber ni el mismo impulso de búsqueda». Como dice Palacios, en toda persona existe la necesidad de tener todas las piezas del puzle de su vida. Si no se tienen «hay quien se adapta y quien no puede vivir así». Palacios considera que una forma de satisfacer esta necesidad sin vulnerar el anonimato que establece la ley sería redactar una carta por parte del donante. «Se podría describir a sí mismo, explicar los motivos que le llevaron a donar. Se trataría de un escrito personal para responder a quien buscara sus antecedentes con ansiedad y que pudiera conservar la persona entre sus objetos queridos». Este documento, «sería útil a personas que buscan y este proceso les produce ansiedad».

Uno de los aspectos que más angustian a los adoptados es desconocer el historial clínico de los padres. Este problema no se da entre los hijos de donantes. Toda persona que cede sus gametos se somete a un exhaustivo control médico cuyos resultados quedan en manos de la clínica de forma que se pudieran consultar si fuera necesario. En el IVI se dio el caso de una familia que tuvo a una hija con problemas de audición. En busca de posibles antecedentes familiares, y como la información que había no se consideró suficiente, se localizó a la donante del óvulo a la que se sometió a nuevos análisis. El resultado final descartó todo origen genético.

El otro gran argumento contrario al anonimato es de naturaleza legal. «Hay un debate doctrinal sobre la prevalencia de la llamada verdad biológica», un término jurídico que se refiere al derecho a conocer el propio origen biológico, apunta el asesor jurídico de la SEF. «Algunos lo consideran un elemento básico de la dignidad humana y por ello consideran que bloquearlo frustra el desarrollo de la personalidad». Este principio es el que ha llevado a que en buena parte de Europa se haya levantado el secreto sobre la identidad de los donantes -aunque hay quien también ve detrás las presiones de grupos antiabortistas, contrarios a la fecundación asistida-.

Frente a este derecho se encuentra «el de los donantes a mantener su anonimato». E incluso la posibilidad de tener hijos por parte de parejas estériles «ya que, como se ha comprobado en otros países, levantar el anonimato provoca un descenso en las donaciones», insiste Fernando Abellán.

Daniel aportó a un banco su semen para agradecer la generosidad de la donante que le permitió ser padre. ¿Lo hubiera hecho si no se protegiera su identidad? «No, y tampoco creo que lo hiciera nadie».

El Pais