Adoptantis

La Comisión Especial de estudio del Senado sobre la problemática de la adopción nacional y otros temas afines ha aprobado por unanimidad y tras más de dos años de trabajos, un informe que recomienda al Gobierno modificar la legislación vigente en la materia para introducir, entre otras propuestas, la supresión del acogimiento residencial para niños menores de seis años de edad. Además, recomienda sustituir ‘patria potestad’ por ‘responsabilidad parental’ con criterios de privación, como la violencia de género.

El informe recoge un total de 31 recomendaciones organizadas en tres bloques que aspiran a modificar la normativa de protección y el modelo de gestión de las adopciones o acogimientos, el respeto por el interés superior del menor y las medidas de protección que se utilizan actualmente, tanto para mejorar y garantizar el bienestar del niño y la familia adoptante como para promover la agilidad, eficacia y coordinación de todos los procedimientos.

Prioridad al acogimiento familiar

Así, el Senado recomienda que el acogimiento residencial se suprima en los casos de niños entre 0 y 6 años y se considere «subsidiario» en el resto de las edades para dar prioridad legislativamente al acogimiento familiar.

En este sentido, pide para los acogedores «los mismos beneficios» que tienen las familias numerosas y que se reconozca el «acogimiento profesionalizado», es decir, el de «aquellas familias que hacen del acogimiento su principal actividad profesional y perciben por ello una remuneración económica».

En este sentido, se pide también que se impulse a nivel nacional el acogimiento de urgencia, especialmente en los bebés menores de tres años, creando una «bolsa» de acogedores de todo el territorio nacional coordinada entre las comunidades autónomas y tras un «cuidadoso» sistema de formación, valoración y apoyo a estas «familias de urgencia». Además, recomienda que el procedimiento de acogida se realice sólo por vía administrativa.

Sobre las adopciones, el Senado insta a unificar criterios entre los sistemas de adopción nacional e internacional, suprimir la necesidad de asentimiento de los padres biológicos cuando un juez les haya retirado la custodia y establecer su comparecencia obligatoria en el momento administrativo de la separación definitiva del niño.

También se solicita en este aspecto coordinación de las comunidades autónomas, a fin de que el niño no resida con los padres adoptantes cerca de la vivienda de los padres biológicos.

En cuanto al interés superior del menor, la primera recomendación del Senado es una redefinición de esta expresión para que «deje de ser un concepto jurídico indeterminado», unificar en todo el Estado los conceptos de «riesgo, desamparo y patria potestad» y que la Administración tenga que instar la privación de patria potestad cuando esté claro que el niño no podrá volver con su familia biológica porque se han cronificado los motivos que llevaron al desamparo del menor.

Cambiar «patria potestad» por «responsabilidad parental»
Asimismo, la Comisión recomienda «redefinir el concepto de patria potestad para introducir el concepto de responsabilidad parental, fijando criterios de privación que vengan a solventar la Jurisprudencia contradictoria hasta la fecha, estableciendo como causa expresa de privación aparejada a la pena, la condena firme por abusos sexuales o maltrato físico o psíquico de menores, así como la violencia familiar o machista, de la que el menor es víctima directa o indirecta».

Sobre este asunto, incorpora además la petición expresa de que se establezca la situación de desamparo cuando un recién nacido sin familiares que se ocupen de él padezca alguna enfermedad o lesión derivada del comportamiento de la madre durante la gestación, así como fijar protocolos de actuación ante casos de posible maltrato prenatal para garantizar que el bebé quedará «debidamente asistido cuando se llegue a verificar el nacimiento».

Para poder aplicar estas recomendaciones, la Comisión quiere una modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil que indique que no caben medidas cautelares en este tipo de procedimientos, que no cabe la ejecución provisional, que no se puede suspender la medida de protección hasta que se resuelve definitivamente la oposición a la misma y que es incompatible la preadopción de un niño con las visitas de su familia biológica.

Más rapidez en la burocracia

Durante la comisión, que se ha iniciado con casi una hora de retraso durante la que Mesa y Portavoces han acordado a puerta cerrada el contenido definitivo del informe, la portavoz socialista, Izáskun Gómez, ha destacado la importancia de haber aprobado por unanimidad la supresión legal de los orfanatos en favor del acogimiento familiar de los menores de seis años, con un texto que va a «conseguir que las entidades públicas lo prevean y obren en consecuencia».

«Debemos congratularnos por el gran acuerdo alcanzado», ha señalado, para incidir en que la Comisión ha «conseguido tener una visión bastante aproximada de la problemática existente en torno a la adopción y el acogimiento» y de elaborar, en consecuencia, «un buen documento de recomendaciones y conclusiones».

Para la portavoz ‘popular’, Gádor Ongil, es también destacable que el informe aprobado contempla un «acortamiento de los plazos administrativos y judiciales» en la resolución de expedientes de los menores en adopción, para que el procedimiento se complete «de la forma más rápida y definitiva posible, en aras del interés superior del menor».

En este sentido, la portavoz de CiU, Rosa Nuria Aleixandre, ha puesto el acento en el consenso alcanzado entre todos los grupos «sin fisuras» y en el efecto positivo que las recomendaciones pueden tener sobre la situación de estos menores. «Creemos que con estas recomendaciones, si los gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos, nos hacen caso, tendremos una mejor ley y nuestros menores estarán mucho más protegidos», ha señalado.

Los menores desatendidos: una responsabilidad de todos

En la misma línea se ha expresado, por parte del Grupo Mixto, el senador Pedro Torres, quien ha incidido en el «consenso total por unanimidad» que ha logrado la comisión.

Por su parte, la senadora de la Entesa, María Burgués, ha incidido en el «esfuerzo» que, a su juicio, debe empezar tras la Comisión, ya que dar respuesta a estos menores es «una responsabilidad de toda la sociedad», que tiene que «comprometerse en la mejora de estos niños y niñas que por sus circunstancias personales no tienen los recursos suficientes».

Al inicio de sus intervenciones, todos los grupos parlamentarios han tenido unas palabras de agradecimiento y felicitación al hasta ahora portavoz de la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional, Mario Bedera, quien ha dejado su puesto tras ser nombrado secretario de Estado de Educación.

Europa Press