Adoptantis

Una pluralidad de voces señaló que suele existir una gran demora desde que un menor es institucionalizado hasta que se lo declara en estado de adoptabilidad y, luego, se lo entrega en guarda hasta la adopción a una familia adoptiva. Así, se forma un círculo vicioso porque el chico se hace más grande dentro de un hogar alternativo, y cada vez menos deseado por los postulantes, lo que prolonga su permanencia sin cuidados parentales.

No existe un dato centralizado sobre qué proporción de los 21.468 chicos institucionalizados en todo el país ya fue declarada por la Justicia en estado de adoptabilidad, dictamen al que se llega sólo cuando fracasan los intentos por reintegrar a un menor a su familia biológica. Tal es el primer objetivo de los jueces y de los organismos de protección de los derechos de la niñez, al amparo de la ley de protección integral de la infancia, que promueve ante todo el derecho a la identidad y tiende a asegurar los vínculos de sangre.

La controversia está instalada. Miembros del Grupo de Padres Adoptivos y Padres en Espera, que reúne a personas que ya adoptaron y a otras que todavía no lo hicieron, critican una supuesta concepción ideológica que reina en el sistema, según la cual, mediante la adopción, los ricos se apropian de los hijos de la pobreza. Edgardo Schapachnik y María Alejandra Vignolles forman parte del grupo; él tiene hijos biológicos y, además, adoptó dos varones, cuando tenían 11 y 17 años; ella cobijó a tres menores, uno de ellos estaba por cumplir los 11 años al ser integrado a la familia.

Ambos ofrecen su ejemplo como muestra de que no todos los adoptantes quieren bebes, y denuncian que los chicos se «cronifican» en los hogares sustitutos. «No pueden decir -como hizo Laura Mussa, asesora general de menores de la Capital- que nos queremos apropiar de los niños pobres, ni calificar la adopción como una solución traumática o el último recurso. Es la única solución», sostuvo Schapachnik. «Estamos de acuerdo con que se debe intentar revincular al niño con su familia de origen, pero ¿durante cuánto tiempo y a qué costo? Existen casos en que se reintegró un menor golpeado a su hogar y volvió más lastimado o muerto», agregó Vignolles.

El grupo recuerda que hay miles de familias dispuestas a adoptar, y reclama que las autoridades garanticen que se declare la adoptabilidad de los niños en un plazo de 6 a 12 meses, además de la desarticulación del negocio de la venta de bebes.

Agotar las instancias

Mussa admitió haber usado la frase que exasperó a los adoptantes, pero aclaró a La Nacion: «Hice un cuestionamiento al procedimiento, no a los padres con verdadera vocación de ser adoptivos, una tarea muy noble. Pero mi función es proteger los derechos de los menores, no los de los aspirantes a padres. Hay que asegurar que no se declare la adoptabilidad sin agotar las instancias para que un niño se revincule con su familia original».

Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral, reconoció: «Algunos jueces se toman demasiado tiempo para declarar el estado de adoptabilidad». La reglamentación de la ley 26.061, recordó Gimol Pinto, del área de Protección de Unicef Argentina, establece el plazo máximo de 90 días para la medida de excepción: la separación de un niño de su familia biológica. El plazo es prorrogable.

Desde la Red de Hogares de la provincia de Buenos Aires, que agrupa a 70 ONG que albergan entre 6500 y 7000 menores, Gustavo García tampoco generalizó: «Hay casos y casos. Depende de los jueces; no todos están dispuestos a declarar nula la patria potestad ni el estado de adoptabilidad. Hemos trabajado adopciones en seis meses, pero ahora, en el hogar que yo conduzco [el Don Bosco de La Plata], vive un adolescente de 15 años que vivió en Casa Cuna hasta los 4, de 4 a 13 estuvo en otro hogar, lleva con nosotros dos años y sólo ahora se declaró su adoptabilidad; mientras su familia lo visitaba una vez por año».

El titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 25, Lucas Aon, que entiende en adopciones en la Capital, detalló: «No puedo manejar un tiempo preestablecido para declarar la adoptabilidad. Depende de cada niño, de cada familia y de cada problema. No es lo mismo un niño con padres golpeadores que un chico con padres pobres. El primer objetivo de la intervención estatal debe ser restablecer en la familia de origen condiciones que permitan que el niño vuelva a ella sin correr riesgo. Sólo cuando tengo demostrado que el riesgo no puede modificarse, se lo pone en adopción».

Sandra Juárez, presidenta de la ONG Prohijar, trabaja en la búsqueda de adoptantes para casos especiales y pide terminar con los extremos: «Parece que hay que estar con la familia biológica o estar del lado de la adopción. Lo importante es estar con el chico. Cuando la convivencia con la biológica es posible, hay que agotar todo el trabajo de revinculación; cuando es imposible, alguien debe decidir la adopción».

La Nación