Adoptantis

Alba Torres nació en Santa Elena. Tras dar a luz, en Tierra del Fuego, hace 18 años, le robaron el bebé. Investigó, probó y denunció al matrimonio español que lo compró. Sigue sin respuestas.

Carlitos vive con su familia adoptiva en España. Hace casi 18 años fue sustraído de su verdadera madre, una entrerriana que esta semana pasó por Paraná y contó su historia de dolor y lucha.

Alba Pompeya Torres nació y se crió en la localidad ribereña de Santa Elena, pero en 1988 se radicó en Río Grande, en el frío extremo sur del país, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aquí le tocó vivir en carne propia un delito oculto en todo el país, como es el robo y tráfico de niños.

Pero lejos de bajar los brazos, investigó, encontró a su hijo y denunció a su apropiador. Pero tras 18 años de lucha, aún no se hizo Justicia. Hoy viaja por todo el país con la bandera de las Madres del Dolor y otras organizaciones que denuncian la trata de personas y la violación de los derechos de los niños, caminó junto a María Inés Cabrol, la madre de Fernanda Aguirre y la monja Marta Pelloni, mientras continúa golpeando puertas de funcionarios y Juzgados para que se reconozca la verdadera identidad de su hijo.

Cadena de corrupción
Alba cuenta la historia como si fuera la primera vez, por sus frescos recuerdos y porque nunca se cansa. El 2 de noviembre de 1993 tuvo por cesárea a su quinto hijo, a quien llamó Héctor. El médico de la clínica Río Grande, Mario Néstor Feullade, decidió poner al bebé en una incubadora por supuestos problemas cardiorrespiratorios, pese a que ya estaba en buenas condiciones tomando la teta. Una hora después, Alba y su marido van a verlo pero ya no estaba, y el médico se había retirado. Días después, Feullade argumentó que había muerto, pero no constaba ningún certificado de defunción ni aparecía el cuerpo. Se realizaron allanamientos en la clínica y se sospechó de la responsabilidad del médico en la ausencia del niño.

Aquí comenzó el largo camino de Alba. “Mi hijo está vivo”, repetía por todos lados con seguridad. La denuncia llegó a diferentes organismos del país e internacionales, como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, e incluso la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su apoyo a la causa de Torres.

Según se investigó, el bebé fue llevado en un avión privado desde Tierra del Fuego hasta Río Gallegos, Santa Cruz. Luego a Rosario, donde una joven se hizo pasar por la madre biológica del niño, y con la mediación de un escribano y una obstetra fue inscripto como si el hijo fuera suyo. Desde aquí llevaron al niño a la localidad chaqueña de Sáenz Peña. En esta ciudad, el juez Juan Zaloff Dakoff en tiempo récord entregó al bebé en adopción plena al matrimonio español Ángel Peralta Pineda -un reconocido torero- y Encarnación Rizo de Hurtado, quienes se lo llevaron a Sevilla, sur de España. “El juez tenía en su haber un total de 36 adopciones sólo en el año 1994, una marca insuperable en la provincia. Por las irregularidades cometidas fue sometido a un jury de enjuiciamiento, pero fue absuelto por el Consejo de la Magistratura”, indica una noticia de Página/12 del año 1999.

“Es mi hijo”

Ese mismo año el juez de Rosario Luis María Caterina, a cargo del Juzgado Nº 3 donde se tramita la causa, formuló el pedido, vía exhorto al juzgado de Coria del Río, Sevilla, de que se cotejen los datos genéticos de ADN del chico con los de Alba Torres. Pero no fue sencillo, recién en 2002 se realizó el análisis. “La peleé, la peleé, y me hice el ADN”, recuerda Alba. El resultado fue positivo, y pudo confirmar lo que venía gritando a los cuatro vientos. “El examen dio que es mi hijo, y él -Peralta Pineda- sabe que es mi hijo, pero es un tema de Estado”, se lamenta. Sin embargo, las decisiones judiciales no avanzaron más que eso, y el chico, que el 2 de noviembre cumple 18 años, aún no fue restituido. Por su parte, el rejoneador -matador de toros a caballo- aseguró siempre que adoptó el chico con todas las de la Ley.

En su recorrida por el país, Alba regresó a su provincia y pasó por Paraná. El martes presenció una radio abierta contra la trata de personas que realizaron la organización Padres en Alerta y el Movimiento de Mujeres de Entre Ríos en la Plaza 1º de Mayo. Ahora vuelve a Rosario por su causa judicial y luego retomará la ruta que la lleve a donde haya que hacerse oír, por su hijo y por todos los niños robados y secuestrados.

Pocos hechos siguen siendo noticia casi dos décadas después de haber ocurrido. La pelea de Alba Torres contra el tiempo transcurrido y el olvido de las autoridades competentes mantuvo su vigencia.

Adopciones ilegales

La provincia de Entre Ríos no es ajena a la adopción irregular de niños. Hace cuatro meses y medio, el titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, el recientemente fallecido Raúl Patricio Solanas, había solicitado por escrito al Superior Tribunal de Justicia que investigue los procedimientos de adopción llevados a cabo en el Departamento La Paz. Aquí se habían registrado entregas directas de bebés, “en clara violación a las normas legales vigentes, lo cual nos lleva a presumir que en esa localidad existirían personas que se dedican a realizar maniobras penadas por la ley”, se afirmó, lo cual requería investigar también las clínicas privadas de la zona.

José Amado

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