Adoptantis

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, diseñó un nuevo protocolo con el propósito de fortalecer el proceso administrativo de reestablecimiento de derechos de niños y adolescentes, especialmente cuando hay declaratoria de adopción.

En esta iniciativa se hará la revisión de los 1.300 procesos de adopción que se adelantan en las defensorías de familia del país, el cual se iniciará en las regionales de Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca.

“Buscamos realizar una verificación rigurosa e inmediata del estado de cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de los niños, niñas o adolescentes a la luz del motivo de ingreso, así como hacer seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por el defensor de familia o autoridad competente”, sostuvo Diego Molano, director del ICBF.

Este nuevo protocolo profundizará y planificará todo el proceso de restablecimiento de derechos y en particular en el proceso de adopción, el cual se regirá en tres pilares. Primero, que las familias que entren al proceso de restablecimiento de derechos puedan tener mayor información sobre estos procesos. Segundo, que los defensores evalúen a profundidad la posibilidades de trabajar con la familia completa, es decir que exploren todos los caminos para que se vinculen al proceso. El tercer punto busca que el niño tenga voz durante los procesos de restablecimiento de derechos y durante la adopción.

“Con esta nueva iniciativa buscamos involucrar no solo al niño sino a sus padres biológicos y a los integrantes de la familia extensa desde el primer momento, puesto que se han identificado como referentes positivos en la búsqueda de garantía de sus derechos”, afirmó Molano.

Por otro lado, en los casos en los que sea inconveniente que los niños permanezcan con su familia, se justificará esta decisión, en la cual se asegura que la institución de protección esté informada de la historia de atención, debilidades y fortalezas. Al menor adoptado también se le garantizará tanto el contacto con su familia como el suministro de toda la información del proceso.

Finalmente, se garantizará el derecho de defensa de los representantes legales o cuidadores de los niños y adolescentes. Esta revisión contempla acompañamiento  técnico, que consiste en capacitar a las autoridades competentes y en realizar el seguimiento a los procesos.

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