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Unicef España pide que el Estado dé 1.200 euros anuales a las familias por cada menor

Las estrecheces económicas y carencias materiales que cada vez sufren más hogares en España se dan sobre todo en aquellos en los que hay niños. Ellos son las principales víctimas de la crisis, el desempleo y los recortes en ayudas públicas, sobre todo educativas y sociales. Lo denuncia Unicef en su informe bianual  La infancia en España 2014 presentado este martes que desvela que el 23,3% de las familias con uno o dos hijos viven en situación de pobreza, una tasa que se dispara al 46,9% de las formadas por dos adultos y tres o más pequeños. Ambas cifras superan ampliamente al porcentaje de hogares sin niños que padecen penurias, 14,8%.  El aumento del número de menores en riesgo no se ha traducido, sin embargo, en una mayor inversión pública en combatirlo. En cambio, el gasto ha caído casi un 15% (6.370 millones de euros) desde 2010, año hasta el que se había mantenido una tendencia alcista. En 2013 se destinaron 772 euros menos por niño. Por eso, la organización pide un pacto de Estado que asegure la protección y seguridad económica de la infancia.

“El tener hijos se ha convertido en un factor de riesgo de pobreza”, advierte Marta Arias, directora de sensibilización y políticas de infancia en Unicef España. Con más de 2,3 millones de niños (el 27,5%) bajo el umbral de la pobreza relativa en 2013, es decir, con menos de 14.784 euros para dos adultos y dos hijos (308 euros al mes por miembro de la familia), los menores se han convertido en el colectivo más empobrecido del país.

Una de las principales causas del paulatino incremento de la pobreza infantil en el país desde el comienzo de la crisis es la situación de desempleo de los mayores. El documento de Unicef destaca que el número de hogares con niños en los que todos los adultos están sin trabajo ha aumentado un 290% desde 2007, pasando de 325.000 ese año, a casi un millón en 2013, según datos de Eurostat. Una situación de paro que merma los ingresos familiares y se ve agravada por los recortes en ayudas públicas sociales, también aquellas específicamente destinadas a la infancia como becas para estudiar –ayudas para la compra de libros o material escolar– o comer en el colegio. “Las políticas de austeridad presupuestaria han continuado reduciendo, en términos generales, los recursos económicos en los ámbitos de las políticas educativas y sociales que afectan especialmente a los niños y niñas”, señala el informe.

“La pobreza infantil es un problema urgente del presente y un riesgo para el futuro”, advierte Arias. Un diagnóstico que también recoge el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, aprobado por el Gobierno, que por primera vez contempla una partida específicamente destinada a la lucha contra este problema. “Es un pequeño paso, pero hace falta más”, añade la experta de Unicef. La cantidad de 17 millones de euros a repartir entre cuatro años para más de dos millones de menores pobres es, según el organismo, insuficiente. El estudio subraya que la proporción del PIB que se destina a políticas de protección social de la infancia en España, un 1,4%, está por debajo de la media europea (2,2% del PIB).

“Cuando la cuantía de las ayudas es muy pequeña no hace que las familias superen el umbral de la pobreza”, explica Arias. Por eso, dice, la inversión no solo es insuficiente, sino también ineficaz. España es, solo por detrás de Grecia en la Unión Europea, el país donde los recursos destinados a reducir el porcentaje de menores en riesgo tienen los menores efectos. La intervención de Estado (mediante trasferencias sociales) logra sacar de la estadística a un 6,9% de personas que, sin ayudas, caerían en la miseria. Un dato pequeño si lo comparamos con otros países de entorno, como Irlanda, que llega a reducir la tasa de pobreza en 32 puntos.

Para Marta Arias, es determinante que España está entre los seis países de la UE que no tienen una prestación universal por hijo. “Todos ellos están entre los diez que tienen mayores índices de pobreza infantil”, apostilla. Según cálculos de Unicef, una ayuda de 100 euros al mes –1.200 euros anuales– por menor en el hogar conseguiría contraer la tasa de riesgo de los menores (actualmente roza el 30%) en un 18%. El organismo asegura que esta medida es la más efectiva para evitar que los niños de hoy estén condenados a una vida precaria en el futuro. Por eso, propone un pacto de Estado que asegure el bienestar de los pequeños, garantizándoles unos ingresos que ellos no pueden conseguir, entre otras medidas de protección. “Ya se hizo con las personas mayores con el Pacto de Toledo y el sistema de pensiones. Proponemos una ayuda universal por hijo que blinde los derechos de los niños”, expone Arias.

El estudio de Unicef apunta que la carencia de ayudas monetarias directas y universales para este colectivo “es precisamente una de las mayores debilidades de las políticas públicas españolas en relación con las familias y la infancia”. El esfuerzo presupuestario para prestaciones a familias en situación de precariedad es el más bajo de la UE, siendo un 0,5% del PIB en 2011, frente al 1,4% de media europea, (poco más de un tercio) y ha venido siendo el más bajo durante la pasada década, continúa el documento.

En este sentido, el informe subraya que pese a los diagnósticos y medidas del Gobierno respecto a la situación de vulnerabilidad de los menores recogidos en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, “no es descabellado afirmar que en España, las inversiones en los niños son todavía una responsabilidad predominante de los padres y madres, mientras que los beneficios de esas inversiones se comparten entre todos”.

Además de una ayuda económica universal por hijo, la inversión en educación inclusiva es el otro punto clave del hipotético pacto de Estado que sugiere Unicef. El objetivo tiene que ser, dice la organización, reducir el abandono temprano escolar –el más alto de Europa con un 23,5%, datos de Eurostat–, y facilitar ayudas al estudio para potenciar la educación como factor fundamental para la igualdad de oportunidades entre los menores. “Avanzar en la gratuidad real de la educación obligatoria”, dice Unicef. Las becas, sin embargo, no han dejado de caer en cuantía y beneficiarios en los últimos años.

“El defensor del pueblo ha analizado la evolución de las ayudas y sistemas de préstamo de libros de texto que garantizan el acceso a estas importantes herramientas para el estudio. Se aprecia una bajada general de beneficiarios en muchas comunidades autónomas desde el curso 2008-2009 hasta el 2012-2013, pero con grandes diferencias entre ellas. Y una reducción notable en la financiación total, tanto de los sistemas de préstamo como de los de ayudas: de un total de 303,5 millones en 2008 a 166,3 en 2013 (un 45% menos)”, detalla el documento. Una bajada que se da precisamente en un momento de necesidad creciente de las familias.

Darle la vuelta a los recortes y políticas pensadas para la infancia es muy necesario para que aquellos que hoy padecen los estragos de la crisis, a los que sus padres no les pueden comprar sus manuales o pagar el comedor del colegio, no estén condenados a ser los pobres del futuro.

Alejandra Agudo

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