Adoptantis

En febrero pasado el magistrado Mario Carroza sacudió al país al informar que hasta 20 mil adopciones de niños chilenos enviados al extranjero están bajo investigación.

CIPER revisó la base de datos confeccionada por la agrupación Hijos y Madres del Silencio, que ya ha gestionado el reencuentro de 141 madres con los hijos que les fueron sustraídos. Tres son las fórmulas que se usaron para quitarles a los menores: hacerlas firmar documentos que no entendían, informarles que los niños nacieron muertos o declarar a las mujeres incompetentes para la crianza. La investigación judicial indica que están involucrados médicos, matronas, asistentes sociales, religiosos y jueces de menores.

La cifra es impactante y sobrecogedora. Ya son 141 los reencuentros entre madres e hijos que vivieron separados durante décadas porque los niños fueron enviados al extranjero, entregados en adopciones irregulares sin el consentimiento materno. El registro lo lleva la agrupación Hijos y Madres del Silencio, un puñado de voluntarias que se organizó después de que CIPER publicó, en 2014, los primeros reportajes sobre adopciones ilegales realizadas en Chile con la complicidad de médicos, matronas, enfermeras, asistentes sociales, sacerdotes, religiosas y jueces de menores. Una red que permanece en total impunidad.

En paralelo a la investigación judicial que inició el magistrado Mario Carroza después de las denuncias iniciales, Hijos y Madres del Silencio desarrolló su propio sistema de rastreo. Eso permitió establecer que muchos de estos niños sustraídos desde maternidades y hogares de menores partieron a sus destinos (principalmente Suecia, Italia, Francia y Estados Unidos) con certificados de nacimiento chilenos que quedaron archivados en los sistemas oficiales de adopción de esos países o bien en los baúles familiares de los padres adoptivos.

Esos documentos abrieron la ruta para acreditar el vínculo con las madres biológicas, en su mayoría mujeres que durante décadas denunciaron que fueron engañadas, que firmaron papeles que no entendían (algunas eran analfabetas) o que sus hijos sencillamente les fueron arrebatados al nacer. Pero nadie quiso escucharlas, sus denuncias fueron invisibilizadas o las trataron como locas. Eso, hasta que en febrero de este año el ministro Carroza conmovió al país al confirmar que son más de 20 mil los registros de adopciones que están bajo investigación. El periodo analizado abarca desde los años ‘50 hasta fines de los ‘90.

De los 141 reencuentros acreditados por Hijos y Madres del Silencio, CIPER revisó la documentación de 30 casos, en los que constató la existencia de actas de nacimiento emitidas por el Registro Civil que permitieron establecer el vínculo con la familia biológica. La mayoría de estos certificados presentan características poco frecuentes (como padres no comparecientes) o derechamente irregulares (como niños que llevan el apellido del padre adoptivo y el de la madre biológica).

En muchos de estos certificados se repiten los mismos domicilios, correspondientes a hoteles del centro de Santiago donde los padres adoptivos se alojaban hasta que recibían a los niños; o bien a guarderías informales que funcionaban en barrios periféricos y que fueron organizadas por asistentes sociales como Telma Uribe­, quien ha sido sindicada como engranaje clave de las redes que se tejieron para enviar miles de niños al exterior.

Con una estructura nacional que cuenta con coordinadoras por región y por hospitales, Hijos y Madres del Silencio ha recibido miles de denuncias de sustracción de lactantes. Cada denuncia se contrasta con la documentación que la organización extrajo de bases de datos locales (como el Registro Civil y el Registro Electoral) y de entidades extranjeras que tramitaron adopciones de niños chilenos. Al compartir su archivo con CIPER, la presidenta de la agrupación, Sol Rodríguez, dijo que los datos les llueven a cántaros y que han conseguido tal nivel de especialización en la revisión de antecedentes, que en el último tiempo se han producido hasta tres reencuentros por semana.

Las dirigentas de la organización pretenden presentar en los próximos meses cuatro o cinco querellas que incorporen casos emblemáticos, momento en el que esperan contar con la presencia de los hijos involucrados, quienes viajarán desde el extranjero. Después tienen planificado interponer varias acciones judiciales múltiples (que sumen cientos de casos), las que esperan convertir en hitos contra la impunidad de los responsables.

La investigación judicial ya está ajustando el foco para identificar a esos responsables. Un documento interno de la causa del magistrado Carroza indica que están bajo investigación 19 juzgados de menores, 28 centros de salud (entre hospitales, clínicas y consultorios), 24 hogares (dependientes de organizaciones católicas, evangélicas y de particulares) y 72 inmuebles de todo el país que habrían servido de guarderías antes de sacar a los niños de Chile.

Ese informe entregado a Carroza, fechado en septiembre del año pasado, lleva la firma de la asistente social, abogada y perito judicial María Cecilia Erazo Venegas. El documento resume los antecedentes acumulados hasta ese momento en la causa, y las cifras ya resultaban tan sorprendentes como dolorosas: la investigación se basaba en 201 denuncias de madres que acusaban la sustracción de sus hijos, en más de 500 fichas incautadas desde el domicilio de la asistente social Telma Uribe y en carpetas adicionales requisadas desde la oficina de la también asistente social Esmeralda Quezada, vinculada inicialmente a 46 adopciones destinadas al exterior. A esas alturas ya se investigaba un total de 1.238 casos de adopciones canalizadas al extranjero bajo sospecha de irregularidades.

Además, se analizaban cerca de 5 mil adopciones registradas por el Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1988 y 1994. Ya se habían incautado 25 archivadores con antecedentes de adopciones realizadas por el Hogar Quinta de Tilcoco, bajo la dirección del sacerdote Alceste Piergiovanni. Y se estaba a la espera de otro extenso archivo aportado por una entidad católica: el Hogar San Ramón Nonato, de Curicó. Ya con esos antecedentes ingresados a la causa, en febrero pasado un nuevo informe de la perito Erazo estableció que los casos bajo revisión judicial superaron los ocho mil y se proyectaba que podían duplicarse. Fue en ese contexto que el ministro Carroza causó estupor al declarar que podían ser 20 mil las adopciones que finalmente se pondrían bajo el microscopio.

Las cifras van en aumento y los antecedentes indican que involucró montos millonarios. Documentos a los que accedió CIPER dan cuenta de que se pagaba una media de US$10 mil dólares por niño. Por supuesto, esto no se presentaba como una transacción, sino como el costo de los trámites y del control médico de los lactantes hasta su entrega. CIPER también pudo revisar un documento que circuló en Suecia que era un verdadero catálogo para elegir al niño según sus características físicas: los costos para conseguir uno de piel blanca eran más caros y para los morenos, más baratos. Este verdadero mercado no conocía fronteras, hay denuncias de niños que viajaron a Perú, México, Bélgica, Alemania y Holanda. La lista de países es larga.

Prueba de fuego para la Justicia

Mujeres pobres, adolescentes o analfabetas. Casi siempre, madres que llegaban solas a los hospitales y que no recibían visitas. Mientras más desvalidas, mayores eran las probabilidades de que les quitaran a sus hijos. Parir en una maternidad frente a médicos, matronas y enfermeras, no era garantía de seguridad. Más riesgoso aún era que las madres que criaban solas y que se veían atribuladas por problemas socioeconómicos o por una enfermedad que las obligaba a internarse, dejaran a sus hijos al cuidado de un hogar como medida de protección. Podía pasar que cuando volvieran a buscarlos, sus niños ya no estuvieran.

Hasta fines de 2014 nadie tomaba sus denuncias en serio. Las adopciones irregulares no eran un tema en Chile. Pero ese año CIPER reveló la red tejida por el sacerdote Gerardo Joannon junto a médicos como Gustavo Monckeberg para entregar niños en adopciones ilegales en los años ‘70 y ‘80. Les decían a las madres que sus hijos habían nacido muertos. Se trataba de casos que afectaban a familias pudientes y conservadoras, que querían evitar la vergüenza de un hijo nacido fuera del matrimonio.

Ese reportaje fue una chispa. Muchas mujeres que buscaban a sus hijos supieron que su caso no era aislado. Y comenzaron a agruparse. Nacieron organizaciones como Hijos y Madres del Silencio y Nos Buscamos. Se presentaron las primeras denuncias en la justicia y la prensa también siguió investigando. Alejandro Vega, periodista de Chilevisión, ha desarrollado una decena de reportajes revelando las duras historias de estas madres.

Para el Poder Judicial no ha sido un tema sencillo de indagar. De hecho, a inicios de mayo pasado la Corte Suprema decidió separar las causas. En manos del ministro Carroza quedaron solo los casos de niños sustraídos en el contexto de la represión política bajo la dictadura, para todo el resto se designó al ministro de la Corte de Santiago, Jaime Balmaceda, a quien le dieron un plazo de tres meses con dedicación exclusiva.

La masividad de las denuncias no ha sido el único factor que ha complejizado la investigación. Los magistrados designados por la Suprema para indagar estas historias ya se toparon con nombres incómodos: jueces y juezas de menores que autorizaron la salida de Chile de niños que habrían sido adoptados de forma irregular. Uno de esos nombres ascendió hasta convertirse en fiscal de la Corte de Apelaciones de Temuco: Tatiana Román Beltramín, apuntada por Hijos y Madres del Silencio como responsable de múltiples resoluciones que permitieron la salida del país de menores y mencionada en uno de los reportajes de Chilevisión. Por este tipo de antecedentes, la tramitación de estas causas será una verdadera prueba de fuego para el Poder Judicial.

Las tres fórmulas para sustraer niños

La documentación de los 30 casos de reencuentros revisados por CIPER permite concluir que efectivamente se trató de procesos en que las madres denunciaron la pérdida del menor y que los certificados y antecedentes en poder de los hijos fueron clave para reestablecer el vínculo. Los detalles de esa treintena de casos coinciden con las conclusiones a las que ha ido arribando la investigación judicial.

Según el informe de la perito María Cecilia Erazo Venegas había al menos tres fórmulas para generar una adopción irregular destinada al extranjero. La primera es la que presenta más visos de cierta legalidad: la entrega del menor aparenta ser voluntaria, pero la investigación judicial ha acreditado casos en que las madres fueron manipuladas para que aceptaran dar a sus hijos en adopción. Por ejemplo, se les decía que sus hijos habían nacido con graves problemas de salud y que la única alternativa para que sobrevivieran era darlos en adopción para que recibieran un tratamiento adecuado en otro país. También hay casos de madres que firmaron papeles que se suponían eran el alta médica, pero que en realidad eran una autorización para dar a sus hijos en adopción. En ocasiones les hacían firmar hojas en blanco.

El segundo mecanismo era declarar el abandono del niño por parte de la madre. En este punto la perito pone el acento en que existía una coordinación entre la institución que pedía la declaración de abandono y las organizaciones que captaban niños para darlos en adopción. Para graficar esto último, señala que hay casos en que la declaración de abandono era seguida por una resolución que concedía la tuición a una pareja extranjera y se autorizaba la salida del menor.

La tercera fórmula era, directamente, la sustracción del niño. A las madres, por ejemplo, se les informaba que su hijo había nacido muerto, que no le entregarían el cuerpo porque presentaba malformaciones graves y que el hospital se ocuparía de sus restos. Cuando se trataba de partos múltiples, podían dar por muerto a uno de los recién nacidos. Hay casos más dramáticos, en los que las madres alcanzaron a tener el niño en sus brazos, pero se los llevaban con el pretexto de practicarles exámenes y nunca los volvían a ver. También sucedía que en los hogares que recibían menores como medida de protección porque la madre era declarada “incompetente”, a estas últimas se les informaba que el niño había sido trasladado y luego se le cerraban las puertas.

Un robo en el Paula Jaraquemada

Un caso revisado por CIPER en el que se denuncia que la madre firmó papeles en blanco, es el de Sandra Erices. En febrero de 1989 llegó a Santiago con 15 años de edad y siete meses de embarazo. Venía de Cerro Alto, un pueblo de la Región del Biobío. Su familia quería ocultar su estado. La noche del 27 de abril ingresó a la maternidad del Hospital Paula Jaraquemada (actual San Borja Arriarán).

-Fue parto natural, la matrona me pasó a mi bebé y fue muy amable. Yo tenía a mi niña en el pecho, después llegó otra niña y se la llevó. Me pasaron a una sala que quedaba fuera del hospital, porque para llegar se atravesaba un pasillo súper helado. Ahí había dos camas. Recuerdo que el techo era bien alto, como antiguo. Había una niña, pero no conversé con ella esa noche porque llegué de madrugada. Ella me despertó en la tarde y recuerdo haberla visto muy borrosa. “Oye, despierta, ha pasado mucho rato y sigues durmiendo y no te han traído tu guagua”, me decía. Yo la miraba, pero seguía durmiendo. Al otro día me despertó como a las diez de la mañana: “Me voy, me dieron el alta”. Pero yo abría los ojos y me dormía. Imagino que estuve muchos días así, no sé cuántos. Despertaba, veía que era de día y me dormía. Despertaba, veía que era de noche, y así. Un día desperté más lúcida e intenté salir, pero una enfermera me detuvo. Luego me llevó con la asistente social, que me dijo se llamaba Margarita Valdés. Ella me dijo: “Estás de alta. Te tienes que ir. Por favor, firma los papeles”. Empecé a firmar y había uno en blanco. Yo le dije: “¿Cómo voy a firmar este papel?”. Y me respondió: “Donde está la X pone tu nombre, no más”. Y eso hice.

Sandra recuerda que luego volvió a la sala donde había dormido durante días. Esperó que le trajeran a su hija para partir con ella. Pero eso nunca pasó.

-Llegó la enfermera y me dijo “ya, ándate”. Y le respondí que cómo me iba a ir si no me habían pasado a mi guagua. Y me dice “ah, ¿no te vas a ir?”. “No, tienen que entregarme a mi hija”. Se pusieron agresivas y me soltaron que me tenía que ir y que los papeles que había firmado eran una adopción. Me puse a gritar, a llorar. Ella me cacheteó y ya no recuerdo más. No sé si me desmayé, pero volví a despertar en la camilla, mareada.

Sandra Erices se fue sin su hija. Y solo pudo verla 25 años después. En el intertanto volvió innumerables veces al hospital buscando a la asistente social a quien culpa del robo de su niña. Recorrió juzgados, habló con abogados que le cobraban caro, fue al Registro Civil y a la policía, pero casi nadie le creyó. Pensaron que estaba loca. Eso, hasta mediados de 2014. Un día llamaron a la puerta de su casa. Era una funcionaria del Sename que le informó que su hija vivía en Estados Unidos y que la estaba buscando.

Jennifer tiene 25 años y reside en Nueva York. La adoptó en 1989 una familia de chilenos que vivía en Estados Unidos y que pagaron US$10 mil por los trámites, que se hicieron a través de una agencia, para retirarla desde la Casa Nacional del Niño. Ella buscó y encontró a Sandra Erices, su madre biológica.

La hija de Sandra tenía en su poder parte de la documentación que acredita su adopción. Esos antecedentes fueron clave para demostrar que la denuncia de su madre era cierta. Y tuvo repercusiones judiciales. Ya en 2012 Sandra Erices había presentado una demanda por sustracción de menor en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago. En junio de 2015 la jueza Claudia Salgado determinó que “de la investigación practicada resulta justificada la perpetración del ilícito que dio origen a la formación del proceso”. Al no haber antecedentes suficientes para encontrar un culpable, la causa fue sobreseída.

«Ahora o nunca»

En relación a los casos en que personal médico informó falsamente que el recién nacido había muerto, CIPER revisó la documentación que describe una situación de ese tipo ocurrida en el Hospital de Temuco el 14 de agosto de 1977. Allí, a las 23:30 de ese día, Patricia Sánchez dio a luz a un niño. Ella tenía entonces 20 años y estudiaba Pedagogía en Historia en la sede local de la Universidad de Chile.

-Lo conocí al día siguiente de su nacimiento. Me lo entregaron. Ese día, el 15 de agosto de 1977, lo tuve conmigo y el 16 lo llevaron a hacerse exámenes. No lo vi más. Yo tengo una laguna mental de esos días, me acuerdo de muy pocas cosas. Me recuerdo llorando frente a una ventana, mientras sonaba “Ahora o nunca” de Elvis Presley. Ese mismo día había muerto Elvis. Después recuerdo que iba caminando por la avenida Alemania de Temuco. Sola. Llegué sola a la casa. Y ahí me desahogué. Tengo lagunas, no me acuerdo de qué hice ese día ni los días siguientes. Me recuerdo después en septiembre de andar caminando por una calle en Melipilla, donde vivía mi familia.

Lo que sí recuerda con nitidez es que en ese momento le contó a todo su entorno que le habían dicho que su hijo nació muerto. Pero hoy su memoria no guarda detalles.

-Creo que quedé en shock y no lo pude superar. Me han dicho que es probable que me hayan dopado, pero no te lo podría asegurar. He tratado de recordar, he indagado, y no logro armar el rompecabezas. Yo asumí, de un principio, que había muerto. Yo llegué a la casa diciendo que había muerto.

Pasaron 42 años. Durante todo ese tiempo, Patricia vistió luto entre el 15 y el 17 de agosto. Pero eso se acabó. En marzo del año pasado fue contactada por Hijos y Madres del Silencio.

-Me preguntaron si yo había tenido un hijo en tal fecha. Les dije que sí. Y me dijeron que estaba en Suecia. Yo les dije que era imposible, porque él había muerto. Y me dijeron que no, porque les había mandado los papeles. Y ahí me convencí.

En enero de este año Daniel, su hijo, viajó desde Suecia a conocerla. Estuvo con ella durante 15 días. En abril volvió y se quedó un mes. Va a regresar en septiembre.

La adopción de Daniel fue irregular. Según su acta de nacimiento fue inscrito con los apellidos de sus padres adoptivos 11 días después del parto. A cargo de ese trámite estuvo Anna María Elmgreen, representante del Centro de Adopción Sueco. Un nombre que se repetirá en miles de otros casos de niños que salieron rumbo a Suecia. Fue ella la que el 5 de septiembre de 1977 solicitó la tuición del niño ante la jueza de Temuco Tatiana Román Beltramín.

Dos días después, Impuestos Internos emitió un certificado que eximió al niño –quien solo tenía 25 días– de pagar el impuesto a los viajes, para poder ser trasladado a Suecia. La dirección que figura en ese certificado es Monseñor Müller 38, Providencia, Santiago. Una oficina que fue utilizada por el Centro de Adopción Sueco para sacar de Chile a miles de niños.

Contra toda lógica, en apenas tres semanas desde su nacimiento, el hijo de Patricia Sánchez estaba autorizado para salir del país sin que ninguna institución acreditara la aptitud de sus futuros padres adoptivos para hacerse cargo de él. Un trámite express.

Según cifras del Centro de Adopción Sueco, entre 1973 y 2005 esa entidad tramitó la salida de 2.177 niños chilenos que fueron recibidos por matrimonios de su país. Las adopciones se concentraron entre 1975 y 1990.

Un documento de 1984 del Centro de Adopción Sueco revela el monto que se cobraba a los matrimonios que querían adoptar niños chilenos: 35 mil coronas suecas. Familias chilenas que en esa época residían en Suecia indican que ese monto equivalía a unos $2,5 millones de entonces. El mismo documento señala lo que se pagaba por un niño de India (entre 26 mil a 30 mil coronas), de Corea (35 mil coronas) y de Colombia (37 mil coronas). En 1984 ese centro de adopción también estaba autorizado para captar a menores en países como Bolivia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Etiopia, Filipinas, Grecia, Guatemala, Israel, Nepal, Portugal, Taiwán y Tailandia (vea aquí ese informe).

“Se aprovecharon de mi ignorancia”

Entre las madres que perdieron a sus hijos porque de manera irregular fueron declaradas incompetentes, se cuenta el caso de Johanna Hualto. CIPER revisó sus antecedentes.

Era 1993, Johanna tenía 18 años y paseaba por la plaza de San Bernardo cuando su hija de ocho meses cayó de sus brazos. La niña fue llevada al hospital local y lo que debió haber sido una atención médica por un accidente, terminó convirtiéndose en un calvario. Le quitaron la tuición y al poco tiempo ya no la dejaron verla. Le dijeron que era una medida de protección, que no estaba apta para criarla. La hicieron firmar papeles que ella no entendía, porque era analfabeta, bajo la promesa de que su hija estaría en mejores condiciones y que ahora sí podría visitarla.

-Ella fue pasando por hogares. El último fue uno que está en Departamental. Ahí fue la última vez que vi a mi hija. Tenía un año y dos meses. Me dijeron que a la niña se la habían llevado. Después, me citaron al juzgado y dijeron que mi marido y yo habíamos dado en adopción a la niña, porque yo no podía tenerla. Entonces yo no tenía casa, no tenía nada.

Johanna Hualto no pudo defender la tuición sobre su hija. Recorrió hogares de menores y siempre le negaron a la niña. Nunca más pudo verla. Seis años después la volvieron a citar a un juzgado: su hija estaba en Francia y ella debía firmar los papeles que autorizaban la adopción. Le aseguraron que su ex marido ya lo había hecho. Ella retrucó que ahora tenía un departamento propio en San Bernardo y que quería recuperar a su hija.

-Fui varias veces al juzgado, pero me decían que no y que no. Y cuando fui a hablar con la jueza, me dijo: “Usted dio la firma”. Y yo le dije “sí, pero yo no sé ni leer ni escribir”. No me hicieron leer nada, solo me hicieron firmar. Me dijeron que supuestamente la asistente del hospital ya había mandado el informe y que la niña ya estaba en Francia, pero no estaba allá.

La niña estaba en Chile. El juzgado de menores de San Bernardo autorizó su adopción a una pareja francesa recién en diciembre de 1999.

En junio de 2018 Johanna recibió un llamado de Hijos y Madres del Silencio. Su hija la buscaba. Se reencontraron por redes sociales y chatean. La comunicación es difícil, su hija casi no habla español y Johanna ahora escribe, pero con dificultad. A pesar de los obstáculos idiomáticos, Johanna está feliz. Aunque esa felicidad no opaca la rabia.

-Se sufre mucho. Una piensa si quizás están muertos. Yo quiero seguir una denuncia y que se haga justicia… se aprovecharon de mi ignorancia, como se dice, por mi falta de educación, por la falta económica.

“En Chile operaron redes de tráfico de niños”

La presidenta de Hijos y Madres del Silencio, Sol Rodríguez, pide celeridad a la justicia. En conversación con CIPER apuntó que es relevante desentrañar el funcionamiento y los responsables de lo que ella define como “redes de tráfico de niños que operaron en Chile”:

“Nuestra intención es que se declare que estos fueron crímenes contra los derechos humanos, ya que así se evita que prescriban. Esperamos que la investigación judicial avance y que se prorroguen los tres meses para investigar que le dieron al ministro (Jaime) Balmaceda. Es importante que esto se difunda, porque hay muchas madres que siguen creyendo que sus hijos fallecieron. Y muchos de esos hijos están apareciendo y buscando a sus madres. Esperamos que esto sirva para que se establezca una verdad histórica y que se castigue a los culpables pronto”.

-Según los datos consolidados por su agrupación, había distintas fórmulas para apropiarse de los menores y enviarlos irregularmente al extranjero. Y esos métodos coinciden con los detectados por la investigación que hasta ahora ha comandado el ministro Carroza.

Esto lo hacían médicos, enfermeras, asistentes sociales. Captaban niñas jóvenes o personas con problemas económicos, de salud… falseaban los datos en informes sociales, se llevaban las guaguas y las inscribían en una oficina del Registro Civil. A los niños que inscribían en la zona de Temuco y Lautaro, por ejemplo, los sacaban a Suecia. Los inscribían con los nombres de sus padres adoptivos, o bien con el apellido del padre adoptivo y con el de la madre biológica. A otros les cambiaron totalmente la identidad. Otra fórmula era por medio de la iglesia. Monjas y sacerdotes sacaron a niños del país, sobre todo hacia Bélgica, Italia y Holanda. Las religiosas actuaban de la misma forma: les decían a las madres que sus hijos habían fallecido.

-Según sus cálculos hasta unas 20 mil adopciones, gestionadas por estas redes, pueden ser irregulares.

La cifra la mencionó el ministro (Mario) Carroza hace un tiempo. Esa es la estimación. Pero a ese número hay que sumar a los niños apropiados ilegalmente dentro de Chile. Nuestras cifras dicen que 2.120 niños se fueron a Suecia a través de una agencia de adopción. También sabemos que se llevaron otros 500 niños a la isla de Cerdeña, en Italia. Pero tenemos el registro de muchos otros chicos que están en Estados Unidos, Bélgica, Francia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Perú, México, Ecuador… son muchos los países.

Nicolás Sepúlveda
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