Adoptantis

En España hay cerca de 17.000 menores de edad en centros residenciales, más de un millar de ellos, de entre 0 y 6 años. Nuestro sistema de protección a la infancia está a la cola de Europa. La falta de recursos y visibilización dificultan que estos niños y niñas se críen en un entorno familiar, saltando de centro en centro hasta cumplir los 18 años.

Cuando Rocío acogió a su primera hija, en régimen permanente, esta tenía 16 meses. A día de hoy acaba de cumplir 11 años y están iniciando los trámites de adopción abierta. Rocío también es madre de un niño biológico y de otra niña acogida temporalmente. Las hijas de Rocío son afortunadas porque están creciendo en un entorno familiar. En España, solo en 2020 alrededor de 50.000 niños y niñas fueron atendidos por el sistema de protección a la infancia, de los cuales cerca de 17.000 se encuentran en centros de menores, 1.200, entre 0 y 6 años, según el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, elaborado por el Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Nuestro país tiene uno de los sistemas más institucionalizados de Europa, es decir, un número muy elevado de niños y niñas tutelados que crecen en centros residenciales hasta cumplir la mayoría de edad. Estamos a la cola, con un 52% de niños en acogimiento residencial, al nivel de países como Chipre, Portugal, Eslovenia o Grecia; y en las antípodas de otros como Irlanda que incluso ha llegado a cerrar sus centros, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea y otro de Eurochild para acabar con la desinstitucionalización en la UE.

“Si nos comparamos con el promedio del corazón de Europa, estamos peor en dos sentidos: con respecto al nivel de institucionalización que tenemos en la infancia, ya que estos países cerraron puertas y ventanas hace más de 30/40 años; y en lo que se refiere al reconocimiento económico-profesional de apoyo a las familias de acogida”, apunta Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad de Sevilla y uno de los mayores expertos en protección a la infancia en nuestro país.

Una radiografía compartida por Naciones Unidas, que ya denunció en un informe de 2018 el incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional, de obligada ejecución por parte de los Gobiernos, que reconoce los derechos humanos de los menores de 18 años. En particular, el comité pidió que el Estado español simplificase los procedimientos para que las familias con niños en situación vulnerable pudieran acceder a una adecuada protección social (ayudas económicas o servicios de acompañamiento); y que se incrementase el personal que recibe y tramita estas solicitudes o aumentase la inversión pública, muy por debajo de la media europea.

“A finales del siglo XX se empieza a abogar por la desinstitucionalización, y muchos países europeos, ayudados además por los fondos que la UE pone a su disposición, han iniciado ese proceso y reducido el número de niños y niñas en centros, mientras que han aumentado el acogimiento en familias. En nuestro país la tendencia es la contraria”, explica Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF España.

Legislativamente, existen dos normas que protegen a nuestros menores: la ley de la Infancia de 2015 y la CDN de 1990 de Naciones Unidas. Ambas reconocen el derecho de los infantes a crecer en familia, sea su tutela del Estado o no, priorizando el acogimiento familiar sobre el residencial. Sin embargo, es papel mojado, solo teoría. La realidad es que el 73% de los menores tutelados acaba en un centro, frente al 27% que se deriva al acogimiento familiar, según explica María Arauz de Robles, presidenta de ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Es más, un millar de esos niños son bebés de cero a seis años, los cuales por ley deberían estar siempre con una familia.

¿Qué está fallando en nuestro país?

Entonces, ¿qué está fallando? Desde ASEAF apuntan a un desconocimiento profundo por parte de la sociedad, una falta de cultura heredada de los antiguos hospicios y grandes centros que surgieron tras el desarrollo de los sistemas sociales públicos del siglo XIX: “En aquel entonces el acogimiento existía de forma no reglada. La primera ley que habló de ello fue hace 30 años. A partir de ahí tenemos una medida de protección nueva, jurídicamente hablando, a la que no se le ha dado la importancia que tiene; ni siquiera la Administración la ha dotado de recursos, tanto económicos como de personal”, puntualiza Arauz de Robles.

Una opinión que también corroboran desde UNICEF España: “Culturalmente, todavía no estamos en el mismo plano que otros países, por la tradición del cuidado en grandes centros que aún sigue presente, y la poca información que se tiene sobre el acogimiento familiar”.

Y esa falta de compromiso para desinstitucionalizar el sistema es precisamente la que señala el catedrático de la Universidad de Sevilla: “El acogimiento institucional tiene a su favor un elemento evidente, es muy sencillo de organizar y gestionar. Una vez que el menor ingresa en un centro deja de ser una urgencia y eso para el sistema es una facilidad demasiado tentadora. Resuelve el problema de manera inmediata, a pesar de que económicamente los centros sean más caros (4.000 euros al mes por niño frente a 300 euros/mes) y no respondan a medio y largo plazo a las necesidades de estos niños y niñas”. En contraposición, la gestión del acogimiento familiar: “Tener que ponerse a buscar y a atender familias, así como responder a sus necesidades de apoyo es, por supuesto, bastante más complejo”.

Rocío Tovar, trabajadora social, portavoz de ADAMCAM -la asociación madrileña de familias de acogida- y madre acogedora apunta además que “la Administración apela a que no hay familias, pero tampoco hace nada para captarlas. Los que hemos llegado al acogimiento no hemos sido a través de campañas publicitarias en los medios de comunicación o marquesinas, sino por el boca-oreja”. También a través de campañas de las distintas asociaciones como el ‘Día del Pijama’; la carrera virtual ‘Ni un Niño sin Familia’ y otras iniciativas realizadas en el ámbito escolar.

¿Quién les devolverá la infancia?

Asimismo, las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que cada Gobierno autonómico reparte los fondos a su criterio, produciéndose diferencias entre unas regiones y otras. “En términos de apoyo a las familias hay desigualdades importantes entre unas comunidades y otras. En algunas se perciben cantidades mensuales de 700/800 euros y en otras de 2.000 al año”, indica la presidenta de ASEAF. “Está claro que no te metes en esto por dinero, pero lo que no puede ser es que mucha gente deje de hacerlo por razones económicas”.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esa asignación se sitúa entre los 2.600 y los 3.500 euros al año (depende si el menor tiene algún tipo de discapacidad). Pero esa disparidad no es únicamente económica, sino también, de recursos físicos. Los ratios educadores-niños están descompensados y muchos de esos profesionales tienen un bagaje en acogimiento muy escaso. Y para muestra, un botón: “En la Dirección General de Familia de la CAM existen más personas dedicadas a gestionar carnés de familia numerosa que al acogimiento”, recalcan desde ASEAF.

Otro ejemplo significativo; en el País Vasco disponen de equipos especializados y focalizados que trabajan las tres vertientes; con el niño, con la familia biológica y con la de acogida. En la Comunidad de Madrid, en cambio, existe una dispersión de profesionales que, según explica Rocío Tovar, dificulta enormemente un seguimiento adecuado: “Con la familia biológica trabajan los servicios sociales de su localidad. Por otro lado, el técnico asignado al menor por la región lo hace con la familia acogedora. Además, otro técnico de protección es el encargado de supervisar a nivel general la situación y si el niño se encuentra en un centro, también entran en juego los técnicos y educadores de dicho centro”.

Las consecuencias de pasar toda una infancia en un centro de menores

El 47,7% de los que causaron baja fue por cumplir la mayoría de edad, tan solo un 8,8% salió por haber sido acogido. Unas cifras que únicamente demuestran que hay menores que pasan toda su infancia saltando de institución en institución, tal y como advirtió Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, en el V Congreso ‘El Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia’, organizado el pasado noviembre por ASEAF.

“Tenemos la idea de que los niños se adaptan rápidamente a todo y que si antes estaban mal, pero ahora van a estar bien, se acabó. Esto no es así. Las experiencias adversas de estos niños, derivadas de la separación y circunstancias de sus padres, dejan una huella profunda y duradera, especialmente en edades tempranas, que necesita cuidados personalizados e individualizados para ayudar a su reparación”, comenta Jesús Palacios. “Es imposible que en un ambiente de cuidados colectivos, como son los centros residenciales, por muy buena que sea la respuesta, esa herida cicatrice. Nuestra especie no nos ha fabricado así”.

Opinión que también comparte María Arauz de Robles: “En un centro hay educadores maravillosos, pero que al final tienen sus turnos, van rotando entre residencias y perdiendo el vínculo con los niños. Y estos necesitan una persona de referencia que sea siempre la misma, que esté a su lado y se vincule en todas las facetas de su vida”. Así, una de las características principales de los menores criados en centros es, en palabras de Palacios, “su incapacidad de autorregulación emocional y cognitiva, que les lleva a ser presa fácil de incentivos inmediatos, convirtiéndoles en personas muy vulnerables”.

Concretamente, esa vulnerabilidad provoca que algunos de ellos terminen en la calle cuando cumplen la mayoría de edad. De acuerdo con Cruz Roja, el 29% de los jóvenes atendidos por riesgo de exclusión social eran extutelados. Un 10%, además, acaba convirtiéndose en sintecho. Un fallo del sistema que podría revertirse si hubiesen crecido en ambientes familiares estables. “A partir de cierta edad, a estos chicos y chicas empieza no solo a dolerles lo que les ha pasado, sino las perspectivas de futuro. Al cumplir los 18, muchos de ellos tienen que volver con sus familias desestructuradas o vagabundear. Son chavales que necesitan un anclaje a la familia y no lo tienen”, indica el catedrático.

Otra triste realidad es que muchos de los menores en acogimiento residencial son de segunda o tercera generación. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Sevilla y liderado por el catedrático Palacios, concluyó que cuatro de cada diez niños eran hijos de extuteladas. “El sistema no ha sido capaz de romper esa cadena de transmisión de adversidad de una generación a otra, que sí ocurre cuando se tiene una experiencia reparadora en familia al aparecer otros referentes, otra manera de relacionarse y regularse emocionalmente”. Esos niños invisibles están condenados a convertirse en fantasmas en una sociedad para la que no están preparados.

Las familias que están cambiando el futuro de estos niños

Román y Pedro, un matrimonio de 40 años que vive en un municipio de la periferia madrileña, forman parte de esos ‘héroes anónimos’ que están cambiando el futuro de los niños en centros. Llegaron por casualidad, como casi todas las familias acogedoras, a través de su fisioterapeuta. Desde hace unos meses tienen acogidas permanentemente a dos hermanas de apenas uno y dos años. Doce meses antes habían dado cobijo a dos mellizos de tres años con discapacidad, que a los seis meses una jueza dictaminó que debían volver con su madre biológica. “Al mes y medio nos enteramos de que se los habían vuelto a quitar, pero estaban en otra comunidad y no los pudimos recuperar. Ese proceso es muy duro, realmente sientes que pierdes a un hijo, pero tienes que estar preparado psicológicamente para ello. Esos niños no son tuyos”.

En el caso de Estefanía y Andrés, joven pareja de 30 años con un niño biológico de nueve, su primera experiencia con el acogimiento fue durante unas vacaciones de agosto, a través de un programa de acogida de saharauis en verano. Ahora, son padres de acogida de una niña de seis años, también en régimen permanente. “Al tener un hijo biológico, el niño acogido debía ser más pequeño”.

Desde que las familias acogedoras comienzan los trámites hasta que finalmente les conceden la idoneidad transcurre aproximadamente un año. Durante ese periodo se someten a diferentes estudios con psicólogos y trabajadores sociales, cursos y otros procesos para garantizar que están capacitados para ello. “En todo momento tienes que entender que un acogimiento no es una adopción. Te dejan claro que esos niños no están huérfanos y la idea es que vuelvan con sus padres. Tú estás ahí para que mientras retornan, no crezcan en un centro de menores”, explica Estefanía. Román y Pedro, además, advierten que “hay muchas personas que se meten en esto porque piensan que va a ser una vía más rápida para adoptar y no es así”.

Ambas familias eligieron un acogimiento de carácter indefinido, “en el que razonablemente se estima o se prevé que no será posible o deseable el retorno del menor a su entorno familiar, a medio o largo plazo, ni la adopción”, según define ASEAF. Pero además existen otros tipos; el de urgencia, destinado a la atención inmediata de un menor, principalmente de 0 a 6 años, para evitar su institucionalización, mientras se decide la medida de protección correspondiente y que no puede ser superior a seis meses. O el temporal, no superior a dos años, ya que se prevé un retorno a su familia biológica. Este es el caso, por ejemplo, de Rocío quien acogió a un bebé de 16 meses durante el período que su madre estuvo en el hospital cuidando a otro hijo con una enfermedad grave. También otras modalidades como el especializado, en fines de semana o vacaciones y el acogimiento durante el curso escolar; este último exclusivo de la Comunidad de Madrid. “Cualquier tipo de familia puede acoger. Está preparado para que tengas un abanico muy amplio de posibilidades”, reconocen Román y Pedro.

Cuando preguntas a estos héroes qué les aporta el acogimiento, todas hablan de una satisfacción difícil de explicar con palabras. “Siempre piensas que la educación que le aportes y el cariño que le des lo va a llevar consigo vaya donde vaya. De alguna manera, vas a marcar su futuro y esa sensación es maravillosa”, coinciden Román, Pedro, Estefanía, Andrés y la propia Rocío. “Tienes que ser consciente de que vas a invertir para que esos niños tengan un porvenir que no tendrían si tú no estuvieras”.

Las familias acogedoras, asociaciones como ASEAF y las distintas organizaciones de cada comunidad autónoma, además de otras ONG que protegen los derechos de los más pequeños, luchan para que los menores en España puedan crecer en un entorno familiar seguro y se preocupen únicamente de ser niños. Ojalá todas ellas se conviertan en un altavoz tan potente que rompa de una vez ese silencio administrativo en torno a la institucionalización de nuestro sistema de protección a la infancia.

Sandra Carbajo
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