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El número de niños que viven en instituciones ha aumentado un 6% este año. Solo Aragón y Cantabria cumplen con la ley que obliga a sacar de los centros a todos los menores de seis años. Expertos y familias reclaman mejoras

“Necesitamos que toda la sociedad se implique con estos niños, ¡los niños son de todos! Hay que dar a conocer esta situación sin caer en amarillismos, sin perpetuar el estigma en torno a estos chiquillos como si fueran supercomplicados. Lo único que necesitan es que cuidemos de ellos, como cualquier otro niño”. Quien habla así es Helena Escalada, presidenta de Magale y de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), además de médica de familia y madre de acogida de tres niños desde hace doce años.

El acogimiento familiar es una medida de protección de la infancia ampliamente establecida por haberse demostrado mucho más beneficiosa que la institucionalización en centros o pisos. Es, además, más barata para la administración. Por ejemplo, desde el pasado 1 de enero, en la Comunidad de Madrid las ayudas mensuales por menor acogido rondan entre 400 y 600 euros, mientras que cada plaza en un centro de acogida cuesta entre 2500 y 5000 euros al mes (fundamentalmente porque se deben pagar sueldos a los trabajadores y mantener las instalaciones en condiciones). En algunas ocasiones, se han producido irregularidades en la contratación de la gestión de estos centros.

Al margen de cuestiones económicas, la desinstitucionalización es un asunto que debería ser prioritario cuando hablamos de medidas de protección a la infancia. Pero los últimos datos, provenientes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, muestran que no está sucediendo así. En 2022 disminuyó el número de niños y adolescentes en acogimiento familiar, pasando de 18.455 menores en 2021 a 18.177 en 2022. Por el contrario, el número de niños en acogimiento residencial (centros o pisos) ha aumentado un 6%, pasando de 16.177 en 2021 a 17.061 en 2022.

ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar), representante de más de dos mil familias de acogida en todo el Estado, pone énfasis en el incremento que se ha producido en el número de niños y niñas menores de seis años que se encuentran viviendo en centros, en contra de lo que dicta la Ley 26/2015, que obliga a que todos los niños de esas edades sean cuidados por una familia de acogida. Señalan también que 557 niños de menos de tres años (bebés, en muchos casos) se encuentran institucionalizados, lo que supone un aumento del 11% respecto al año anterior.

A la vista de estas cifras, se está haciendo un llamamiento urgente a todas las comunidades autónomas para que diseñen un plan de desinstitucionalización e impulso del acogimiento familiar de cara a cumplir con el compromiso adquirido junto al Gobierno, según el cual en 2026 ningún menor de seis años tutelado por las administraciones debe vivir en centros de acogida residencial, y para 2031 tampoco deben hacerlo los menores de diez años. A día de hoy solo Aragón y Cantabria cumplen con la ley y tienen a todos los menores de seis años fuera de los centros de acogida.

Lo explica Escalada. “Hay un sentimiento de fracaso generalizado, de desmoralización. Parece que hay que resignarse y decir que no se puede hacer más, que no hay familias de acogida suficientes, pero nosotros nos rebelamos ante eso. Lo que no hay es una búsqueda eficaz de familias de acogida. Existe ya bastante literatura y estudios sobre lo que funciona y lo que no en lo relativo al acogimiento. No se trata de gastar cien mil euros de repente en una campaña publicitaria para animar a la gente a hacerse familia de acogida. Sabemos que desde que una familia piensa en acoger hasta que lo hace suelen pasar unos dos años. Lo que se necesita es más agilidad en el proceso y un acompañamiento más estrecho a las familias que quieren dar el paso”.

Las cifras dan la razón a Escalada. En 2022 (los datos más recientes disponibles), pese al aumento en los ofrecimientos de acogida, se produjo un descenso del 8,38% en la cantidad de valoraciones de idoneidad. Se está produciendo un cuello de botella en las entidades responsables de la gestión del acogimiento familiar. Este retraso se achaca generalmente a la rigurosidad del proceso, pero lo cierto es que deja a miles de niños institucionalizados en centros.

Almudena Olaguíbel es especialista en protección de la infancia dentro del equipo de Unicef, y concuerda con Escalada. “En toda la Unión Europea se está haciendo un gran esfuerzo a todos los niveles por desinstitucionalizar. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando en ello, pero es verdad que las cifras de acogimiento residencial no bajan. Hace unos cinco años se produjo un pico de hasta 21.263 niños, debido a que en 2018 hubo muchas llegadas de niños extranjeros. Lo que nosotros pedimos, en primer lugar, es más apoyo a las familias biológicas para que puedan criar a sus hijos”.

Pero, ¿qué tipo de causas se encuentran entre las más habituales por las que un niño es apartado de su familia? “La ley prohíbe que la pobreza sea una causa de separación familiar, pero es cierto que la pobreza empeora muchísimo las condiciones de vida de las familias. Puede exacerbar los niveles de estrés de los padres, o causar hacinamiento en el hogar. Además, las familias en riesgo de exclusión social suelen encontrarse en el radar de los servicios sociales, y eso hace que cualquier problema salga a la luz rápidamente y puede llevar a la retirada del menor. Pero la evidencia ha demostrado que lo más adecuado, siempre que sea posible, es que sean las familias biológicas las que críen a sus hijos con los apoyos que precisen. Así que la primera medida de protección a la infancia ha de ser ayudar a las familias en todo lo que necesiten”, explica Olaguíbel.

En ocasiones, las medidas de apoyo a la familia biológica fracasan o son insuficientes porque la raíz del problema es de otro tipo. Cuando se producen situaciones graves, de riesgo para el menor, la medida más adecuada para atender a ese niño es el acogimiento. “Idealmente en la familia extensa si esta es segura para el niño, porque sabemos que es preferible mantenerlo dentro de su entorno y no obligarlo a sufrir una ruptura tan abrupta”, detalla la experta en protección a la infancia. “El problema que nos encontrábamos en el pasado es que a veces, desde la administración, se daba más apoyo a las familias de acogida ajenas al menor que a su propia familia extensa. Eso se ha terminado”. En 2022 predominaban los acogimientos en familia extensa (60%) sobre los acogimientos en familia ajena (40% del total de acogimientos). Sin embargo, en los dos últimos años se aprecia que el acogimiento en familia ajena ha aumentado en más de un 6% en detrimento del acogimiento en familia extensa, fruto, entre otras causas, del descenso de ofrecimientos de las familias extensas para acoger a los menores en situación de desamparo.

Lo resume Escalada: “La acogida familiar ha existido siempre. En los pueblos se moría un progenitor, o había un problema en el hogar, y a los niños los acogía otra familia como si fueran propios. Hay que entender que, en el caso de la acogida, tus hijos tienen una familia que existe y va a seguir existiendo en sus vidas. Yo siempre digo que los niños buscan a sus familias biológicas como las mariposillas tienden a volar hacia la luz. El niño necesita mantener ese contacto siempre y cuando sea seguro para él, y nuestro deber como familias de acogida es apoyar a las familias biológicas en todo lo que podamos”. Para Escalada es importante también entender que lo ideal, si es posible, es terminar restituyendo al menor a su familia, y se debe trabajar en ese sentido. “Tú no desaparecerás de su vida, seguirás siendo su ‘tío de acogida’. Si quieres al niño te alegrarás por él”.

Los efectos de la institucionalización

Se ha estudiado y demostrado que la institucionalización afecta de manera muy negativa al desarrollo del menor. “Los niños que son separados de sus familias traen un trauma consigo”, explica Olaguíbel. “En primer lugar por la situación de negligencia o violencia que han vivido, y en segundo lugar por la propia retirada de la tutela. Aunque tu familia no haya sabido criarte de la mejor manera posible, siguen siendo tus referentes, tus vínculos más importantes. Esas heridas han de ser atendidas y es difícil hacerlo en un centro”.

Lo sabe bien Irati Vidan, fundadora y representante de la asociación Haziak (‘semilla’, en euskera), la primera asociación estatal de extutelados. Tras pasar su infancia siendo tutelada por la administración, ella misma se ha convertido en la actualidad en familia de acogida referencial –una modalidad diferente del acogimiento permanente– de un chico de 13 años. “A mí no me horroriza que la administración se responsabilice de proteger y cuidar a los menores, de brindarles todo aquello que no han tenido, pero eso no debería convertirse en controlar, contener y privar al menor de su identidad, como nos ha sucedido a muchos al irnos a vivir a un centro. Cuando un menor entra en un piso, se le impone otra forma de vida. No se respetan las costumbres que trae adquiridas de su hogar. Para mí fue muy violento, por ejemplo, que me impusieran la ducha diaria, que con mi familia no tenía que hacer. Una persona desconocida comprobaba cada día que me estaba duchando. Viví aquello como una imposición. Podrían haber trabajado el asunto conmigo de un modo más sensible, con paciencia, con delicadeza, pero no fue así”.

Olaguíbel alerta de otros peligros: “Los niños necesitan crear vínculos emocionales estables. Y los educadores de los centros, por mucho que se esfuercen, y me consta que hay educadores maravillosos, no dejan de ser trabajadores que vienen y van por turnos, que tienen días libres, vacaciones y derechos laborales. No es como tener una persona que está para ti siempre. En ese sentido, sabemos que a veces los explotadores y abusadores sexuales eligen a los niños y niñas de los centros precisamente por esa necesidad de vinculación y afecto que estos menores tienen, y porque saben que no tienen una madre o un padre detrás, pendiente de ellos. Así que estos niños sin familia son más vulnerables a los abusos”.

Falta de apoyo a las familias de acogida

Otro de los problemas con los que se están encontrando las familias de acogida es la falta de consistencia de la administración a la hora de brindarles apoyo, más allá de los recursos económicos que se asignan para la manutención de los menores.

“Igual que nuestras familias biológicas pueden cometer errores, hay muchas familias de acogida que tampoco han recibido formación adecuada para tener a su cargo a personas con circunstancias especiales. Ni siquiera los educadores, que han estudiado muchos años para hacer su trabajo, lo hacen siempre bien”, resume Vidan. A veces el menor puede mostrar una conducta compleja y disruptiva debido al trauma con el que está lidiando. “Somos niños con un gran dolor, y ese dolor no va a desparecer por arte de magia al ser acogidos en otra familia. Nuestra pena terminará emergiendo de algún modo. Y si la nueva familia no sabe atender el problema y termina desbordada, se puede llegar a producir una segunda ruptura y una devolución del menor a la entidad. Nosotros reclamamos que se dé algún tipo de formación preacogimiento, por ejemplo”.

El problema al llegar a la mayoría de edad

En la España de 2024 la edad media de emancipación se sitúa en torno a los 30 años. No es el caso de las personas que residen en centros de acogida, que deben abandonar ese hogar al cumplir los 18 para iniciar una vida independiente. “Somos invisibles para la sociedad”, explica Vidan, “yo siempre digo que al llegar a la mayoría de edad se nos presenta otra imposición: la de convertirnos en personas con superpoderes, capaces de salir adelante solas”. Los educadores de los centros atestiguan que, al acercarse a la mayoría de edad, muchos chavales experimentan un gran freno en su avance vital, fruto del estrés al que se ven sometidos ante la amenaza de perder toda la protección. “Saben que en un plazo de tiempo muy corto han de conseguir un trabajo y un lugar donde vivir, y se ponen muy nerviosos”, resume Olaguíbel. Esa amenaza tan acuciante les impide en ocasiones acceder a una vida normalizada e integrarse correctamente en sociedad. Si bien en algunas comunidades se están poniendo en marcha diferentes recursos y mecanismos para extender la protección y el acompañamiento hasta la veintena, estos siguen siendo claramente insuficientes.

Cuando el menor ha estado viviendo con una familia de acogida, por lo general la transición a la vida adulta es menos dura para ellos. Aunque la administración retira los apoyos económicos a estas familias, muchas de ellas mantienen al joven en casa, a veces a costa de un gran esfuerzo. Escalada, madre de tres hijos de acogida, lo tiene claro: “Estamos peleando para que la ley reconozca que somos una familia, aunque sea de un tipo diferente al habitual. Mis hijos no se van a quedar en la calle al llegar a los 18, por supuesto. Pero una vez alcanzan la mayoría de edad, si quieren pedir por ejemplo una beca de estudios o una ayuda para el alquiler, mis ingresos no computan porque la administración no los reconoce como hijos míos. Si yo caigo en coma, o ellos están gravemente enfermos, la ley no nos reconoce mutuamente ningún derecho. Eso tiene que cambiar”.

“Es un alivio cuando la familia de acogida quiere mantener la protección con sus propios medios”, reconoce Vidan. “Incluso aunque no puedas seguir en su casa, hay una diferencia fundamental, y es que sabes que aunque tengas no ya 18, sino 23, 30 o 40 años vas a poder seguir yendo a esa casa, que ha sido tu hogar, y mantener ese vínculo. Eso brinda mucha estabilidad emocional. Si has estado viviendo en un piso, te vas a los 18 y, como mucho, harás una visita de una hora a ver si coincides con los educadores que trabajaban contigo, pero en realidad ya no tienes adónde volver. Si has tenido un mal día, no tienes a nadie para invitarte a comer una sopa caliente y escucharte”.

Los niños extranjeros representan también un gran desafío al que no se está respondiendo de manera adecuada. “Deberíamos preguntarnos qué alternativas hay para ellos”, resume Olaguíbel. “Muchos llegan siendo adolescentes y es complicado encontrarles una familia, aunque se están dando experiencias positivas de familias de acogida que proceden del mismo país que el menor”.

Desde Unicef apuestan por repensar otros modelos, tanto en el caso de los menores extranjeros no acompañados como en el resto de niños. “Si fracasa el apoyo a la familia biológica del menor y el acogimiento no es posible, se debe apostar por convertir los centros en entornos lo más parecidos a un hogar familiar”. Lo fundamental, en cualquier caso, es realizar una valoración del interés superior del menor. “El problema”, explica, “es que cuando se asigna un recurso de protección, no siempre se hace pensando en lo que ese niño necesita, sino en función de lo que haya disponible. Si no tuviéramos centros quizá inventaríamos otra solución para los niños, pero, como los centros existen, recurrimos a ellos por pura inercia y normalizamos esas cifras de institucionalización. Tenemos que plantearnos soluciones centradas siempre en el menor”.

“Creo que los extutelados tenemos bastante que decir”, explica Vidan. “Estamos empezando a ser escuchados ahora por primera vez. Pero fíjate, es curioso. Nos invitan a congresos y eventos, y seguimos yendo gratis, mientras que otros profesionales cobran por acudir. Es mucha la gente que vive de hablar o escribir sobre nosotros. Existen muchos libros sobre los niños tutelados, pero a mis 33 años me doy cuenta de que a mí nunca me preguntaron qué quería o qué necesitaba. Incluso a las familias de acogida se les pregunta qué tipo de niño quieren o pueden acoger, pero a nosotros no se nos pregunta por el tipo de familia en la que queremos ser acogidos”.

Circula un dicho muy manido en todas las facultades de Educación, que suele atribuirse a algún pueblo aleatorio de cazadores y recolectores. El proverbio asevera que “para educar a un niño, hace falta la tribu entera”, aludiendo a que es la sociedad en su conjunto la que participa, deliberadamente o no, en la educación y cuidado de todos los menores de edad. Esto, que sirve para ilustrar el rol que desempeña el entorno en la crianza, podría entenderse también de otro modo: ninguna sociedad que se tenga a sí misma por civilizada puede mantenerse ajena a las necesidades de los niños que nacen y viven en ella.

Adriana T.
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